
Un asalto frustrado a un cargamento de hachís cometido la madrugada del 18 de abril de 2025 en Sant Quintí de Mediona resultó clave para descubrir la existencia de dos redes criminales de tráfico y robo de drogas que operaban en diferentes municipios de la provincia de Barcelona. La investigación, desarrollada durante varios meses tras aquel episodio, llevó a la detención de ocho personas en el marco de sendos operativos realizados los días 12 y 17 de noviembre, según informó el comunicado de los Mossos d'Esquadra, citado por diferentes medios.
De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la actuación policial culminó con la desarticulación de ambas organizaciones, identificadas como responsables de almacenar, custodiar y tratar más de 5.000 kilos de hachís, además de incautar armas de fuego, cerca de 90.000 euros en efectivo y diverso material para la manipulación y embalaje de sustancias ilícitas. El operativo desplegado a mediados de noviembre en Sant Martí Sarroca, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Gavà, El Prat de Llobregat y Cornellà de Llobregat, permitió atribuir a los detenidos cargos que incluyen robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, falsificación documental y usurpación de funciones públicas, detalló el comunicado de los Mossos recogido por distintos medios.
El caso tuvo su origen cuando en la madrugada del 18 de abril, los agentes hallaron un coche bloqueando una carretera y cuatro furgonetas llenas de sacos y paquetes marrones, los cuales contenían, según la estimación inicial, hachís. Durante las primeras actuaciones en la zona, los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres personas que trataban de escapar y a otras dos cuyos testimonios sobre su presencia en el lugar presentaron incoherencias. También resultó arrestado el vigilante encargado de la custodia de la droga en la vivienda utilizada como almacén.
La investigación se abordó desde dos líneas de trabajo principales. Por un lado, los Mossos buscaron determinar la identidad del propietario y de quienes desempeñaban funciones de custodia, almacenamiento y distribución del cargamento confiscado. Por otro, orientaron sus pesquisas hacia la identificación y localización de los implicados en el asalto violento que propició el operativo. Tras una prolongada labor de seguimiento, análisis de los vehículos y cruce de información, la policía logró imputar a cuatro personas vinculadas con la logística de la droga y a otras cuatro como participantes directos en el intento de robo, completando el número total de arrestos de esa fase.
El despliegue operativo se estructuró en dos etapas. El 12 de noviembre, los Mossos intervinieron varios domicilios de Sant Martí Sarroca y Vilafranca del Penedès, donde arrestaron a cuatro miembros del grupo responsable de la custodia del hachís. Posteriormente, el 17 de noviembre, la segunda fase se centró en distintas ubicaciones del área metropolitana, con detenciones en Barcelona, Gavà, El Prat de Llobregat y Cornellà de Llobregat de otros cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 34 y los 63 años, señalados como integrantes del grupo que intentó robar el alijo.
Según notificaron diferentes medios que accedieron al comunicado policial, el total de arrestados ascendió a catorce personas, todas puestas a disposición judicial. Los delitos que se imputan abarcan desde el robo con violencia e intimidación hasta tenencia ilícita de armas y explosivos, pasando por cargos ligados al tráfico de drogas, falsedad documental y usurpación de funciones públicas.
El informe oficial de los Mossos d'Esquadra, difundido por varios medios, destacó la coordinación entre las áreas de análisis criminal y los equipos de investigación adscritos a la región policial Metropolitana Sur. Las autoridades policiales subrayaron la relación entre las organizaciones que vigilan y almacenan grandes volúmenes de sustancias ilícitas, y las bandas especializadas en asaltar estos cargamentos para obtener la droga. Esta dinámica compleja, detalló el informe, constituye uno de los principales desafíos para los equipos de seguridad y la persecución penal en el entorno metropolitano de Barcelona.
El trabajo de los Mossos d'Esquadra puso de manifiesto la importancia de la especialización en la lucha contra el crimen organizado, en especial frente a grupos criminales cuyas acciones incrementan los niveles de violencia asociados al narcotráfico. Los responsables del operativo consideraron la incautación de más de 5.000 kilos de hachís, las armas y el efectivo, además de la neutralización simultánea de dos estructuras criminales, como uno de los principales golpes recientes a la actividad delictiva relacionada con estas sustancias en la provincia, según reiteró el comunicado oficial citado por diferentes medios.
El enfoque de la estrategia policial contempla la intervención tanto sobre las redes logísticas encargadas del almacenamiento y la distribución de la droga como sobre aquellos grupos dedicados a asaltar los cargamentos ilícitos. Según las fuentes oficiales recogidas por varios medios, la interacción entre ambos tipos de bandas incrementa la complejidad de las investigaciones y plantea retos continuos para las fuerzas de seguridad locales, que intensifican la vigilancia de estos núcleos en la región metropolitana.
El operativo y las actuaciones posteriores se inscriben en un contexto más amplio de esfuerzo institucional para reducir el impacto del tráfico y la criminalidad asociada a las drogas en el área de Barcelona. Los hechos investigados arrojan nuevas luces sobre las estrategias de almacenamiento ilegal de grandes cantidades de estupefacientes y la colaboración y conflicto entre grupos que buscan lucrar tanto con el resguardo como con el robo violento de estas sustancias, según indicaron los Mossos d'Esquadra en su balance tras la operación.
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