La ONU insta a Israel a investigar de manera "imparcial" y "eficaz" las denuncias sobre torturas

Entre las recomendaciones prioritarias elaboradas por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), figura la creación de un organismo independiente y autónomo que supervise los centros de detención y los procedimientos de interrogatorio en Israel y los territorios palestinos ocupados. El informe más reciente de este Comité, citado por la ONU, argumenta que solo la existencia de un ente externo, no vinculado al aparato estatal, dotado de plena autonomía funcional y poder de recolección de pruebas, puede garantizar la transparencia en las investigaciones de malos tratos y la sanción efectiva de los responsables. De acuerdo con la información divulgada por la ONU, la noticia central radica en el llamado urgente de expertos internacionales a que Israel investigue, de manera eficaz e imparcial, las acusaciones de tortura y abusos cometidos contra personas palestinas bajo custodia israelí.

Según reportó la ONU, las cifras más recientes sobre la violencia en la región dan cuenta de un impacto significativo en la población civil. Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 69.799 palestinos murieron y 170.972 resultaron heridos en la Franja de Gaza y otros territorios ocupados. Estos datos se atribuyen a bombardeos, enfrentamientos armados terrestres y otras acciones militares. Incluso durante el breve periodo de cese al fuego promovido por Estados Unidos, organismos humanitarios y el Ministerio de Salud de Gaza documentaron al menos 350 muertes adicionales. Naciones Unidas señala que estas cifras ilustran el alcance sostenido de la ofensiva militar israelí y la magnitud de la crisis humanitaria derivada.

El documento elaborado por el Comité contra la Tortura, citado por la ONU, expone deficiencias estructurales en las políticas y procedimientos israelíes para investigar casos de tortura y malos tratos, especialmente en contextos de detención de personas palestinas. Entre los principales problemas, el informe destaca la ausencia de una definición precisa y clara del delito de tortura en la ley israelí. La ONU explica que esta laguna legal facilita que miembros de las fuerzas de seguridad recurran a la figura de la “defensa del estado de necesidad” para evadir sanciones penales, lo que complica la apertura de procesos judiciales efectivos y pone en riesgo la protección de derechos fundamentales, especialmente en el marco de operaciones militares o prácticas de detención en territorio ocupado.

Según detalló la ONU, las víctimas palestinas enfrentan numerosas barreras estructurales en su búsqueda de justicia. La falta de organismos independientes con capacidad para investigar denuncias y vigilar detenciones multiplica la vulnerabilidad de las personas custodiadas por autoridades israelíes y limita el acceso a mecanismos legales efectivos. La consecuencia, según publicó la ONU, es la perpetuación de la impunidad y el aumento de la desprotección entre quienes han denunciado abusos o torturas.

El informe da cuenta también de que, tras el inicio de la escalada militar en octubre de 2023, se ha registrado la muerte de más de 1.000 palestinos en Cisjordania en incidentes relacionados tanto con acciones de las fuerzas armadas israelíes como con agresiones de colonos. El Comité señala que parte de esta violencia fue posible gracias al amparo o la facilitación por parte de autoridades, lo que incrementó el número de víctimas y subraya la gravedad de la situación.

De acuerdo con la ONU, otra preocupación destacada es el uso extendido de la detención administrativa en territorio palestino. Este tipo de privaciones de libertad no solo restringe sustancialmente los derechos de defensa y revisión judicial, sino que también coloca a las personas detenidas en una posición de riesgo mayor frente a posibles torturas o tratos crueles, dado que sus casos no cuentan con supervisión independiente o mecanismos de apelación efectivos.

El Comité contra la Tortura ha alertado, según el análisis de la ONU, sobre la incorporación de “medios especiales” en los procedimientos de interrogatorio. La naturaleza y alcance de estos métodos no están sometidos a supervisión ni pública ni judicial, lo que dificulta la identificación de prácticas abusivas y la sanción de los responsables. Ante este escenario, el informe recomienda a Israel adecuar su legislación nacional al derecho internacional, y definir sin ambigüedades el delito de tortura. Además, insta a eliminar todas las posibles justificaciones legales, entre ellas la “defensa del estado de necesidad”, para permitir la apertura de procedimientos judiciales ante casos de abusos.

La ONU subrayó en su reporte el daño estructural derivado de la ausencia de mecanismos de investigación independientes y el déficit de claridad sobre los procedimientos empleados en las detenciones y los interrogatorios. El organismo internacional considera que estas carencias refuerzan la persistencia de conductas incompatibles con los compromisos internacionales adquiridos por Israel en materia de derechos humanos.

A lo largo del documento, la ONU reclama la creación de una entidad autónoma con capacidad para acceder a instalaciones, recolectar evidencia y monitorear la aplicación de normas internacionales en todas las etapas, desde la detención hasta el eventual proceso judicial. El Comité añade que esta comisión debe contar con autonomía funcional y competencia efectiva, lo que permitiría restablecer el control externo y fortalecer la rendición de cuentas en torno a la actuación de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.

Las conclusiones del informe, tal como fueron publicadas por la ONU, remarcan la urgencia de actualizar la legislación interna, mejorar los mecanismos externos de supervisión y establecer procedimientos de investigación y sanción independientes y transparentes. Según el Comité contra la Tortura, solo mediante una reforma integral de los sistemas judicial, administrativo y legal se logrará cumplir con las obligaciones que impone la comunidad internacional respecto al respeto y protección de los derechos fundamentales.

Naciones Unidas, en su evaluación, interpreta que la reiteración y frecuencia de las denuncias de abuso —tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania— demuestran la necesidad de introducir cambios estructurales que restauren la confianza en las instituciones encargadas de la protección legal. El reporte enfatiza que la creación de un ente independiente, sin vínculos directos con el Estado, es clave para asegurar la prevención, sanción y reparación en casos de tortura y malos tratos y para poner fin a los patrones de impunidad que afectan a la población palestina bajo control israelí.