El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos contempla además de la mejora salarial, varias modificaciones en las condiciones laborales de los empleados públicos, entre las que se incluye la eliminación de la tasa de reposición y la agilización de los procesos selectivos, elementos que, de acuerdo con fuentes sindicales citadas por el medio, buscan reforzar el funcionamiento y la atención en la administración pública. Según informó el medio, la propuesta fue consensuada tras la segunda reunión que mantuvieron esta semana la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, con el objetivo de establecer un nuevo marco plurianual tanto de retribuciones como de condiciones de trabajo.

De acuerdo con la información publicada, más de tres millones de empleados públicos en España verán actualizado su salario en cuatro años, concretamente entre 2025 y 2028, alcanzando un incremento acumulado del 11%. El detalle de las subidas incluye un aumento del 2,5% para el año 2025, que se abonará de manera retroactiva con efectos desde el 1 de enero y cuyo pago se realizará en diciembre. Para el ejercicio 2026, está prevista una subida fija del 1,5%, que podrá verse complementada con un 0,5% adicional si la inflación anual iguala o supera ese 1,5%. En caso de cumplirse esta condición, esa parte adicional se pagaría durante el primer trimestre de 2027 y también tendría carácter retroactivo.

El medio detalló que el incremento del año 2026 queda configurado como la única subida que incorpora un factor variable vinculado a la evolución del IPC, mientras que el resto de los incrementos, tanto el 4,5% fijado para 2027 como el 2% previsto para 2028, consisten únicamente en cantidades fijas. Desde los sindicatos se calcula que, considerando el efecto acumulativo de los aumentos en cada ejercicio, el alza total en la remuneración durante el periodo se aproximará en términos reales al 11,5%.

Tal como publicó la fuente original, el pacto no incluye únicamente cifras de aumento salarial, sino también otros aspectos relevantes para la función pública, orientados a mejorar la prestación de servicios y las condiciones para los trabajadores del sector público. Entre estos cambios se encuentra el refuerzo de las plantillas encargadas de la atención al público, la eliminación efectiva de los límites a la reposición de trabajadores y la intención de acelerar los procesos de selección para cubrir vacantes, respondiendo a demandas sostenidas de las organizaciones sindicales.

El sindicato CSIF, en declaraciones difundidas por el medio, defendió que el acuerdo alcanzado representa "el mejor posible en las actuales circunstancias políticas" y permite revertir la congelación salarial vigente hasta la fecha, recuperando además un 2,9% del poder adquisitivo que perdió el colectivo en años previos. La organización liderada por Miguel Borra atribuye este acuerdo a un ejercicio de responsabilidad ante las dificultades que enfrenta el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones financieras marcadas tanto por la Unión Europea como por la OTAN, debido al aumento de gasto en defensa.

En relación con la implementación del acuerdo, las partes decidieron crear una comisión de seguimiento que iniciará sus trabajos en un plazo máximo de 15 días tras la firma, con el propósito de supervisar la ejecución de las actuaciones pactadas. Desde CSIF, se remarcó que este pacto no constituye un "cheque en blanco" y que el sindicato estará atento a que se cumplan todos los compromisos "en tiempo y forma", reservándose la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación efectiva, según reportó la fuente original.

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), de acuerdo con lo informado, no ha manifestado todavía su decisión definitiva respecto a la adhesión al acuerdo, pues permanece pendiente de evaluar la propuesta final. Por su parte, UGT y CSIF sí han suscrito el documento, sumando su respaldo a los términos pactados por el Ministerio de Función Pública, según recogen las distintas comunicaciones sindicales citadas por el medio.

Los detalles de la distribución temporal de los aumentos retributivos y las condiciones para que operen los complementos vinculados al índice de precios al consumo evidencian la intención de adecuar los salarios públicos a la evolución económica y de los precios, recogiendo las demandas de los sindicatos acerca de la necesidad de proteger el poder adquisitivo del personal al servicio de las administraciones públicas. Según fuentes sindicales citadas en la información, la suma total de las mejoras acordadas en términos acumulados aspira a compensar la pérdida salarial experimentada en ejercicios anteriores y a ofrecer certeza a los trabajadores sobre la trayectoria de sus retribuciones en los próximos cuatro años.

En este contexto, el acuerdo alcanzado incorpora una serie de compromisos destinados a garantizar la estabilidad y la mejora del empleo público. El medio informó que, además de las subidas salariales, la eliminación de la tasa de reposición implica que las administraciones tendrán mayor capacidad para cubrir vacantes, lo que podría traducirse en una mayor contratación y en una reducción de la sobrecarga laboral entre los funcionarios ya en activo. La agilización de los procesos selectivos responde a la necesidad de dotar a los servicios públicos de personal suficiente en menor tiempo.

El proceso de negociación, recogió el medio, se desarrolló durante varias jornadas y culminó en una reunión nocturna. En este encuentro, se lograron articular tanto la estructura anual de las subidas como los elementos adicionales referidos a condiciones de trabajo y garantías de cumplimiento del acuerdo, tal como exigieron las organizaciones sindicales para dar su aprobación definitiva. La representatividad de los interlocutores sindicales, así como los comunicados posteriores a la ratificación del acuerdo, reflejan la relevancia cuantitativa de la medida, dado su impacto sobre millones de hogares vinculados al empleo público.

La entrada en vigor del acuerdo y la creación de la comisión de seguimiento marcan el inicio del calendario previsto para la aplicación efectiva de las subidas salariales y las reformas en recursos humanos de la administración. Según enfatizó CSIF, el éxito de la medida dependerá de que se cumplan todos los plazos y requisitos acordados, sin dilaciones ni omisiones. Los sindicatos, advirtieron al medio, mantendrán la vigilancia para asegurar que las promesas del Ejecutivo se traduzcan en mejoras reales para el conjunto del personal funcionario.