El Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud (GEyDIS) de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha destacado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) debe ser capaz de detectar, atender y acompañar a las mujeres víctima de violencia, para lo que ha instado a formar y capacitar al personal sanitario de manera obligatoria.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los epidemiólogos han publicado un documento de posicionamiento en el que advierten que la violencia contra las mujeres es una "emergencia de salud pública y una violación sistemática de los derechos humanos", por lo que abogan por combatirla con políticas públicas basadas en la evidencia y un enfoque interseccional.
Según recoge el texto, este tipo de situaciones afectan a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, con graves consecuencias para su salud a corto y largo plazo. En todo el mundo, en 2023, al menos 51.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por su pareja o familiares, lo que supone 140 muertes diarias. En España, se han documentado más de 1.300 feminicidios desde 2003, con alta carga asistencial, judicial y social.
La SEE ha advertido que la violencia contra las mujeres tiene raíces estructurales y patriarcales, no se trata de un problema individual ni aislado. En este sentido, ha apuntado a algunas "políticas regresivas" que profundizan en la gravedad del problema, como usar el término 'violencia intrafamiliar', en lugar de 'violencia contra la mujer' o 'violencia de género', o limitar los derechos sexuales y reproductivos.
Los expertos han aseverado que todo esto pone en riesgo la salud, la vida y la autonomía de millones de mujeres y niñas, aumentando la letalidad por violencia de pareja, generando más complicaciones obstétricas y mayor deteriodo de la salud mental y física.
RESPUESTA MULTI E INTERSECTORIAL
Con todo, la Sociedad Española de Epidemiología ha destacado que la violencia contra la mujer es prevenible si se garantiza una respuesta multisectorial, interseccional y basada en datos, y que retroceder en su reconocimiento o limitar los derechos que permiten enfrentarla "no es algo neutral sino cómplice letal".
Así, ha instado a nombrar estos casos de forma correcta para intervenir de forma eficaz, manteniendo los términos de 'violencia de género' y 'violencia contra las mujeres' en la legislación, las estadísticas y las políticas públicas. También ha reclamado que se asegure un acceso efectivo, universal y equitativo a la anticoncepción, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la atención postaborto.
Además, ha pedido que se ofrezca una atención sanitaria integral con enfoque de género y trauma, incluyendo un cribado oportunista, historia clínica estructurada, circuitos asistenciales claros y derivación coordinada. En esta línea, ha abogado por la capacitación obligatoria y continua del personal sanitario en materia de género, interseccionalidad, consentimiento, confidencialidad, violencias digitales, económicas y estructurales.
Por último, ha demandado una prevención primaria "con impacto", a través del diseño de programas comunitarios y escolares orientados a la igualdad, fomento de masculinidades, cultura de la no violencia y la educación afectivo-sexual.
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