El Supremo de Brasil deja en firme la sentencia contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El magistrado Alexandre de Moraes determinó que ninguna apelación presentada por la defensa de Jair Bolsonaro puede ser admitida en este momento porque, de acuerdo a las normas del Tribunal Supremo de Brasil, se exigirían al menos dos votos absolutorios entre los jueces del propio tribunal. Solo uno de los magistrados avaló desestimar el expediente contra el exmandatario en la condena dictada en septiembre, según publicó ‘O Globo’. Con esta decisión, el camino queda despejado para que el expresidente cumpla de manera efectiva una pena de prisión de 27 años y tres meses por el intento de golpe de Estado, según reportó el medio mencionado.

De acuerdo con la información difundida por ‘O Globo’, la sentencia también afecta a Alexandre Ramagem, exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y actual diputado, y a Anderson Torres, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante el gobierno de Bolsonaro. Ambos enfrentan penas de cárcel vinculadas a la misma causa judicial. Las acciones del Supremo Tribunal niegan la posibilidad de interponer nuevos recursos que pudieran postergar el inicio de las condenas. El exlíder brasileño había sido sentenciado originalmente en septiembre por su implicación en la organización y ejecución de una trama destinada a alterar el orden constitucional e impedir la transferencia legítima del mando presidencial.

Bolsonaro permanece actualmente bajo detención preventiva en las instalaciones de la Policía Federal en Brasilia. Esta medida se adoptó después de que, bajo condiciones de arresto domiciliario, intentara presuntamente eludir la vigilancia al retirar la tobillera electrónica de control impuesta por la justicia, informó ‘O Globo’. Las autoridades judiciales convalidaron el arresto preventivo ante un posible riesgo de fuga, en el contexto de la gravedad de los delitos imputados y la relevancia institucional de los hechos.

Entre los cargos ratificados por el Supremo de Brasil figuran la tentativa de golpe de Estado, la supresión del Estado de derecho, la constitución de una organización criminal armada, los daños agravados a bienes públicos y el deterioro de patrimonio histórico en el país. Bolsonaro había estado cumpliendo arresto domiciliario desde agosto, luego de que se evaluara el riesgo de fuga y su presunta implicancia en nuevas maniobras para evadir la acción de la justicia.

De acuerdo con el fallo judicial, además de la condena penitenciaria, Bolsonaro queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un período de ocho años a partir de la finalización de la pena. Esta previsión dejaría expirada la restricción en 2060, si la sentencia se cumple de forma íntegra y sin reducciones, según consignó ‘O Globo’. Para entonces, el exmandatario alcanzaría los 105 años de edad. La decisión del Supremo Tribunal representa un precedente inédito en la historia política reciente del país.

La defensa del exlíder brasileño había evaluado la posibilidad de introducir un último recurso de revisión, posibilidad que el juez Alexandre de Moraes descartó en la actual etapa del proceso, subrayó ‘O Globo’. Según las normas internas del Supremo Tribunal, tales revisiones extraordinarias solo proceden cuando existe un respaldo significativo entre los jueces, circunstancia que no se dio en el caso Bolsonaro. El carácter concluyente del fallo provoca la inmediata ejecutoriedad de las sentencias, tanto para el expresidente como para el resto de los condenados.

El proceso judicial que condujo a la condena de Bolsonaro y varios de sus colaboradores analizó, a través de múltiples instancias y testimonios, los hechos vinculados a los sucesos ocurridos al final de su administración. Diversas pruebas documentales y testimoniales aportadas a la causa reflejaron los esfuerzos por interferir en el resultado electoral y perpetuar su permanencia en el poder en contra de la normativa constitucional, de acuerdo con la cronología difundida por ‘O Globo’.

La cantidad de años impuesta responde a la acumulación de los distintos delitos por los que se halló culpable a Bolsonaro. La abolición del Estado de derecho y la estructuración de una organización armada fueron considerados agravantes principales dentro del fallo, al igual que la destrucción de monumentos y bienes históricos, explicó el medio brasileño. La decisión del Supremo Tribunal, al dejar en firme la sentencia, encamina el cumplimiento estricto de la pena, descartando revisiones adicionales.

El proceso penal incluyó diligencias sobre la presunta coordinación de actos y recursos logísticos destinados a alterar el funcionamiento de las instituciones, según la documentación judicial que sirvió de base para la condena. El Supremo evaluó la gravedad de los hechos y su impacto en el sistema democrático, añadió ‘O Globo’. La detención preventiva de Bolsonaro se mantiene bajo la custodia de la Policía Federal, a la espera del traslado a un recinto penitenciario donde se ejecutará la condena.

Según reiteró ‘O Globo’, la notoriedad del caso radica no solo en la magnitud de la sentencia y la jerarquía del condenado, sino también en los alcances institucionales de un pronunciamiento judicial de estas características. La imposibilidad de acceder a revisiones legales futuras solidifica el carácter irreversible de la pena para Bolsonaro, Ramagem y Torres. Los tres quedan afectados por la imposición de penas privativas de libertad y, en el caso del expresidente, también por la prolongada inhabilitación política.

El caso continúa generando repercusiones dentro de la arena política brasileña, especialmente entre los sectores afines al exmandatario y en el debate público sobre la responsabilidad penal y política en el intento de subvertir el orden constitucional. Las decisiones del Supremo Tribunal quedan asentadas como referencia obligada en materia de protección institucional y del Estado de derecho, según el análisis jurídico difundido por ‘O Globo’. El cumplimiento efectivo de las condenas podrá ser supervisado por las autoridades penitenciarias, bajo la vigilancia de los órganos judiciales que intervinieron en el proceso.