El premier y el ministro de Exteriores de Perú descartan intervenir en la Embajada mexicana como planteó Jerí

La advertencia por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre una posible violación al Derecho Internacional en caso de que autoridades peruanas ingresaran a la Embajada de México en Lima, marcó el contexto en el que altos funcionarios peruanos negaron la posibilidad de actuar en dicho recinto diplomático para detener a Betssy Chávez. Según informó la cadena RPP y recogió Europa Press, tanto el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, como el ministro de Exteriores, Hugo de Zela, se manifestaron en contra de la propuesta del presidente José Jerí, quien había dejado abierta la puerta a esa acción el día anterior. La nota principal radica en el rechazo oficial por parte del Gobierno peruano a intervenir la sede diplomática mexicana, una postura adoptada frente a las advertencias internacionales y al debate interno sobre la situación legal de la ex primera ministra Chávez, actualmente asilada en el recinto.

El lunes, José Jerí, presidente de Perú, sostuvo que actuar dentro de la embajada mexicana “se haría” si resultara necesario para proceder a la detención de Betssy Chávez, requerida por la Justicia peruana por su supuesta implicación en el intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo en diciembre de 2022. Esta declaración generó respuesta inmediata tanto dentro del gabinete como desde el gobierno mexicano. Tal como consignó Europa Press y confirmó RPP, Claudia Sheinbaum advirtió que tal ingreso violaría las normas internacionales que protegen las sedes diplomáticas, como sucedió semanas atrás en el caso ecuatoriano tras la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Quito.

Ernesto Álvarez, primer ministro peruano, afirmó ante los medios tras una comparecencia en el Congreso que “no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por más emotividad o por más que sea requerida por la Justicia peruana”. Según publicó Europa Press, Álvarez subrayó tanto su experiencia como expresidente del Tribunal Constitucional como la de Hugo de Zela, ministro de Exteriores, con una “larguísima trayectoria exitosa” en diplomacia. Ambos coincidieron en la imposibilidad legal y práctica de cualquier acción dentro de la embajada, descartando completamente la viabilidad de la hipótesis planteada por Jerí.

Hugo de Zela, en una entrevista con RPP, enfatizó que la pregunta al presidente Jerí era de carácter hipotético y que esa hipótesis “no se va a dar en la realidad”. De Zela aseguró: “He conversado con el presidente sobre el tema y le puedo decir con absoluta claridad que esa hipótesis no se va a dar en la realidad: la hipótesis de entrar a la embajada por la fuerza”. Según informó Europa Press, tanto De Zela como Álvarez se alinearon y manifestaron de manera pública su desacuerdo con la idea planteada por el presidente, reafirmando el respeto a las convenciones internacionales sobre inmunidad diplomática.

Las posiciones expuestas por Álvarez y De Zela contradijeron abiertamente las afirmaciones previas de Jerí, quien había indicado la posibilidad de irrumpir en la embajada para proceder con la detención. Según recordó Europa Press, De Zela ya había rechazado esa opción menos de tres semanas antes. Frente a la controversia generada, Álvarez matizó posteriormente las palabras del mandatario, explicando que reflejarían el sentir de una parte mayoritaria de la población ante lo que consideran una evasión de la Justicia por parte de Betssy Chávez.

La controversia se produce en un contexto de tensiones diplomáticas. Según detalló Europa Press, la canciller mexicana Claudia Sheinbaum fundamentó su advertencia en la reciente ruptura de relaciones con Ecuador, ocurrida luego del ingreso de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito, donde detuvieron al exvicepresidente Glas. El precedente sudamericano generó un fuerte repudio internacional y, según reportó Europa Press, está influyendo en la cautela demostrada por las autoridades peruanas.

Betssy Chávez, ex primera ministra y exfuncionaria cercana a Pedro Castillo, enfrenta una pena de prisión preventiva de cinco meses dictada por el Tribunal Supremo peruano, así como una orden de busca y captura activa, de acuerdo con los datos publicados por Europa Press. La Fiscalía peruana ha solicitado 25 años de prisión para Chávez y la inhabilitación de dos años y medio para ejercer cargos públicos, al considerarla presunta coautora de un delito de rebelión en perjuicio del Estado.

Pedro Castillo, por su parte, permanece privado de libertad tras declarar el 7 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Ese decreto no recibió respaldo en el ámbito político nacional, derivando en una moción de censura aprobada por el Parlamento y el posterior encarcelamiento del exmandatario. Según publicó Europa Press, estos hechos desencadenaron una serie de procesos judiciales y políticos que afectan también a excolaboradores directos como Chávez.

De acuerdo con Europa Press, la posición actual del Gobierno peruano apunta al respeto de los tratados internacionales y a evitar una escalada diplomática, aun cuando la presión política interna persista para que se proceda con la detención de quienes enfrentan cargos derivados de la crisis de diciembre de 2022. La causa de Betssy Chávez sigue generando debate entre los poderes del Estado, tanto por las implicancias legales como por las repercusiones en las relaciones exteriores de Perú.