Jerí considera intervenir en la Embajada de México en Lima para arrestar a la ex primera ministra Betssy Chávez

La vigilancia policial en los alrededores de la Embajada de México en Lima persiste ante la posibilidad de que Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, pueda intentar salir del recinto diplomático, hecho que conllevaría su detención inmediata conforme al mandato judicial en vigor. De acuerdo con El Comercio, mientras se mantiene esta situación de alerta, el presidente peruano José Jerí ha dejado abierta la puerta a que las fuerzas de seguridad ingresen a la sede diplomática mexicana para ejecutar la orden de detención contra Chávez, una medida que ha generado reacciones y advertencias dentro y fuera del país.

Según publicó El Comercio, la situación inició cuando el Tribunal Supremo de Perú dictó cinco meses de prisión preventiva contra Chávez por su presunta responsabilidad, como coautora, en el intento de golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Chávez, quien fue parte del gabinete que acompañó a Castillo en su intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de “excepción”, se refugió en la Embajada de México y presentó una solicitud de asilo político. Este movimiento intensificó el enfrentamiento diplomático entre Perú y México, y puso al gobierno de Jerí ante la disyuntiva de permitir o no el traslado de Chávez al país norteamericano mediante un salvoconducto.

El gobierno de Jerí aún no adopta una postura definitiva sobre el salvoconducto, procedimiento indispensable para que Chávez pueda abandonar el país rumbo a México. El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, explicó en declaraciones recogidas por El Comercio que la solicitud permanece en proceso de evaluación, asegurando el compromiso de Perú con los estándares del Derecho Internacional. Sin embargo, el presidente Jerí enfatizó que la postura del Ejecutivo también responde a su firme oposición frente a lo que interpreta como un uso indebido del asilo político por parte de las autoridades mexicanas. Según la versión de Jerí citada por El Comercio, México habría desvirtuado el propósito original del asilo al proteger a una persona acusada de delitos de rebelión.

En una declaración destacada durante una entrevista reproducida por El Comercio, el presidente Jerí contestó si su gobierno optaría por una intervención similar a la ocurrida en Ecuador en 2024, donde se produjo el ingreso forzoso de autoridades en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas. Jerí manifestó: “Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, asegurando que pesa una orden judicial que exige la aprehensión de Chávez. Esta declaración agudizó la preocupación en la región y desencadenó advertencias explícitas de gobiernos como el de Colombia, que ha anunciado el eventual retiro de su representación diplomática si Perú decide entrar por la fuerza en la legación mexicana.

El Comercio detalló que la permanencia de Betssy Chávez en la sede diplomática responde al contexto legal tras el fallido intento de instauración de un régimen extraordinario por parte de Pedro Castillo. El Parlamento destituyó a Castillo poco después de su anuncio y determinó la detención de varios miembros del gabinete, entre ellos Chávez. Tanto la Fiscalía como el Ministerio Público sostienen una acusación formal contra la ex primera ministra y solicitan una condena de 25 años de prisión y una inhabilitación de dos años y medio para el ejercicio de cargos públicos por su supuesto involucramiento en la rebelión.

México, por su parte, no ha emitido una decisión definitiva respecto a la solicitud de asilo ni sobre la entrega del salvoconducto. El gobierno peruano, según consignó El Comercio, optó por diferir la resolución para mantener su margen de maniobra diplomática y legal. Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan evaluando la petición de Chávez, con el embajador diplomático acompañado por la misión en Lima en constante coordinación con la Cancillería mexicana.

El Comercio recordó que episodios similares han tensionado la política exterior peruana en los últimos años, particularmente respecto a solicitudes de asilo y a la percepción de injerencia extranjera en decisiones de los poderes internos. El caso de Betssy Chávez reaviva el debate regional sobre los límites del derecho de asilo y la soberanía judicial frente a la protección diplomática. La reciente movilización de fuerzas policiales peruanas alrededor de la embajada, señaló El Comercio, busca impedir que Chávez logre evadir su arresto en el evento de abandonar el recinto sin autorización.

El mandatario Jerí expresó poco temor ante eventuales represalias diplomáticas de gobiernos con afinidad ideológica a México, resumiendo su respuesta ante críticas externas con la expresión: “A palabras necias, oídos sordos”. El caso ha traído nuevamente a primer plano los desencuentros diplomáticos de Perú, sobre todo en lo relativo a la aplicación de figuras como el asilo y la respuesta judicial ante acusaciones graves como la rebelión.

El escenario permanece marcado por la espera de una respuesta oficial mexicana acerca de la solicitud de asilo y por las reacciones de otros países latinoamericanos, como la señalada advertencia del gobierno colombiano. El Comercio subraya que la situación de Betssy Chávez se ha convertido en uno de los principales focos de tensión regional y nacional, y que cualquier desenlace repercutirá tanto en la política interior de Perú como en sus vínculos con los países vecinos.