Detenidos siete funcionarios por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan (México)

La identidad de dos personas señaladas como participantes en la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue confirmada luego de hallarlas sin vida en la carretera Uruapan-Paracho, una acción que, según autoridades mexicanas citadas por El Universal, habría tenido como propósito frenar las investigaciones en curso sobre el asesinato. Estos hechos se enmarcan en una trama más amplia que involucra tanto a presuntos miembros de organizaciones criminales como a funcionarios públicos, y que mantiene bajo custodia a siete empleados del Ayuntamiento de Uruapan por su supuesta vinculación con el caso.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, siete trabajadores del sector público de Uruapan han sido detenidos debido a su posible participación en el homicidio calificado del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Según detalló la Fiscalía General de Michoacán a través de su cuenta en la red social X, se cumplimentó la orden de aprehensión contra estos servidores públicos, quienes se desempeñaban como escoltas del alcalde y enfrentan la acusación de haber incurrido en comisión por omisión en el asesinato ocurrido durante los festejos del Día de Muertos, en el centro de la ciudad.

Tal como reportó El Universal, entre los detenidos figura Ramón Ángel Álvarez, conocido como ‘R1’, quien permaneció en prisión entre 2012 y 2022 bajo cargos relacionados con delincuencia organizada y secuestro, derivados de su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades mexicanas consideran la posibilidad de que Álvarez haya participado como uno de los autores intelectuales en el homicidio del alcalde, sumándose a las líneas de investigación sobre la implicación del crimen organizado en estos hechos.

La detención de estos siete funcionarios sigue a la captura, un día antes, de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias ‘El Licenciado’, señalado también como presunto autor intelectual del crimen y líder de una célula del CJNG, de acuerdo con lo comunicado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Según explicó Harfuch en comparecencia pública, el análisis de evidencias y la cooperación entre diferentes instituciones de seguridad permitieron avanzar de modo decisivo en la investigación, lo que llevó a identificar y detener a Gómez Sánchez.

En el marco de las pesquisas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que la investigación también identificó a otras personas presuntamente involucradas. Se trata de Fernando Josué N. y Ramiro N., quienes fueron localizados sin vida en la vía que une a Uruapan y Paracho. Las autoridades presumen que su muerte podría relacionarse con la intención de obstaculizar el esclarecimiento del caso, dado que habrían mantenido comunicación con Víctor Manuel N., autor material de los disparos que terminaron con la vida de Carlos Manzo. Este último también fue abatido poco después del ataque, según publicó el medio mencionado.

El homicidio ocurrió alrededor de las 20:10 horas del sábado 1 de noviembre, tras la inauguración del Festival de las Velas, como informó Carlos Torres Piña, fiscal general del estado. El ataque sucedió en la zona céntrica de Uruapan y generó la evacuación inmediata del área. Manzo recibió seis impactos de bala y fue llevado con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde, poco después, falleció debido a la gravedad de las heridas. Otro político, Víctor Hugo, resultó herido durante la agresión, aunque se reporta que actualmente está fuera de peligro.

El fiscal Torres Piña confirmó que en la escena del crimen se abatió a uno de los agresores y se incautó un arma corta de nueve milímetros. Además, la policía recogió siete casquillos percutidos que formarán parte de las pruebas en la causa judicial. Según la Fiscalía, la coordinación interinstitucional y la revisión detallada de las pruebas han sido claves en los avances obtenidos hasta el momento.

La gravedad del asesinato de Carlos Manzo ha resonado en el ámbito político nacional, ya que sectores de la oposición cuestionan la respuesta de las autoridades federales ante repetidas solicitudes de protección adicionales por parte del alcalde, quien había denunciado reiteradas amenazas de organizaciones criminales, sin que la seguridad solicitada llegara a concretarse. Según mencionó El Universal, la ausencia de estas medidas preventivas ha generado un debate sobre la eficacia de las políticas de protección a funcionarios que enfrentan amenazas directas de grupos delictivos.

Estos hechos subrayan la compleja relación entre servidores públicos y estructuras de crimen organizado en determinadas regiones de México, además de la vulnerabilidad de los funcionarios ante ataques violentos. Las autoridades continúan con las investigaciones y han declarado que buscan esclarecer todas las responsabilidades, tanto en la autoría material como en la intelectual, relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.