La ex primera ministra Betssy Chávez permanece bajo el resguardo diplomático en la Embajada de México en Lima y todavía aguarda la decisión del Ejecutivo peruano respecto al salvoconducto que le permitiría abandonar el país. Esta situación se agrava desde que, tras su solicitud de refugio, el Gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum en noviembre, tal como detalló el diario 'La República'. Al mismo tiempo, el Congreso de Perú no alcanzó el consenso necesario para inhabilitarla políticamente, lo que mantiene abiertas sus opciones para postularse al Senado en las elecciones de 2026, según consignó el medio.
El intento por apartar a Chávez de la función pública formó parte del debate legislativo de este miércoles. La propuesta obtuvo 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones en el Pleno, resultado insuficiente para alcanzar los dos tercios requeridos por la normativa parlamentaria del país. Esta diferencia de cinco votos, reportó 'La República', determinó que la ex jefa del gabinete conserve sus derechos políticos a pesar del proceso por rebelión vinculado al autogolpe que protagonizó el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Diversos bloques opositores como Honor y Democracia, Renovación Popular y Fuerza Popular, que presionaron intensamente para lograr la inhabilitación de Chávez, presentaron sendos recursos para que el tema vuelva a discutirse en una próxima sesión plenaria. Según publicó el diario 'La República', dichas peticiones quedan ahora a la espera de que el presidente del Congreso, Fernando Rospiglioni, las incorpore en el orden del día, lo que podría abrir una nueva oportunidad a corto plazo para que la Cámara evalúe nuevamente el futuro político de la exfuncionaria.
Las acusaciones contra Chávez se originan a raíz de su papel presuntamente relevante en los sucesos de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia, acción que fue calificada como autogolpe. Por estos hechos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso resolvió el 7 de noviembre aprobar la inhabilitación no solo de Chávez, sino también del propio Castillo y de Willy Huerta, quien se desempeñaba como ministro del Interior en ese momento, de acuerdo con la información de 'La República'.
En el ámbito judicial, la Fiscalía mantiene una solicitud de 25 años de prisión para Betssy Chávez, acompañada de una propuesta de inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años y medio, bajo la acusación de haber actuado como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado, según reportó el medio. La situación judicial y la figura de Chávez, actualmente protegida bajo asilo en la representación diplomática mexicana, han generado tensiones diplomáticas entre Perú y México, alcanzando la ruptura de relaciones bilaterales a principios de noviembre.
Mientras tanto, el debate legislativo y judicial mantiene en vilo el futuro político de la ex primera ministra. El proceso de asilo político, la presión opositora en el legislativo y las acciones en el ámbito judicial se entrecruzan en un escenario en el que la permanencia de Chávez en la vida pública, especialmente su potencial candidatura al Senado en 2026, depende de nuevas decisiones tanto del Congreso como de las autoridades del Ejecutivo peruano. El desarrollo de los próximos recursos parlamentarios y la respuesta del Gobierno sobre el salvoconducto solicitado por la exfuncionaria permanecen como factores clave en la definición de su situación, indicó 'La República'.
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