
La recompensa establecida por el gobierno de Estados Unidos para obtener información que lleve a la captura de Nicolás Maduro asciende a 50 millones de dólares (42 millones de euros), como reflejo del tipo de acusaciones que Washington mantiene contra el presidente venezolano y su supuesta implicación en redes de narcotráfico. De acuerdo con lo publicado por un medio que cita fuentes oficiales del Departamento de Estado, esta cifra responde directamente a la imputación de Maduro como figura central del denominado Cártel de los Soles, al que se acusa de utilizar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense como mecanismo de financiación para consolidar su permanencia en el poder. En ese marco, el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto declarar oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, según informó el citado medio, con vigencia a partir del 24 de noviembre, reforzando así un marco de sanciones diseñado para debilitar tanto las redes económicas como las operativas de este grupo y de sus colaboradores.
La medida anunciada por el Departamento de Estado forma parte de una respuesta a la escalada de episodios violentos en el Caribe, con varios ataques a embarcaciones que Washington relaciona de forma directa con operaciones del Cártel de los Soles. Según el mencionado comunicado y lo publicado por el medio que difundió la noticia, este grupo figura entre los actores señalados como principales responsables del deterioro de la seguridad marítima en esa región. La administración estadounidense también conecta a altos cargos del gobierno venezolano con actividades de dirección y respaldo al Cártel, sosteniendo que funcionarios vinculados a Maduro habrían facilitado flujos logísticos y políticos que permiten tanto el tráfico de drogas como acciones violentas que impactan en América Latina, Europa y los propios Estados Unidos.
Entre las imputaciones presentadas, tal como resume el comunicado oficial citado, se incluye la acusación de “corromper las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela”, una denuncia que abarca directamente al entorno inmediato de Maduro. La inclusión del Cártel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas extranjeras se extiende a otros grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, todos asociados, según el Departamento de Estado y lo confirmado por el medio, a operaciones de narcotráfico internacional, manejo de recursos financieros de origen ilícito y un agravamiento de la inseguridad regional.
Washington interpreta que el auge del crimen organizado trasciende el ámbito local, configurando una amenaza persistente contra la seguridad nacional de Estados Unidos y de sus aliados. Las autoridades federales vinculan la intensificación de la violencia armada y el aumento en las rutas de trasiego de drogas con un fortalecimiento de las estructuras delictivas transfronterizas, como resumió el medio. Bajo esa argumentación, la designación de grupo terrorista permite a Estados Unidos activar mecanismos más duros para el bloqueo de activos y la restricción de toda operación comercial y financiera realizada por individuos y compañías con nexos con el Cártel de los Soles. La finalidad, de acuerdo con el comunicado citado, implica interrumpir los canales de financiamiento y suministro de bienes que posibilitan la actividad del narcotráfico, considerando ahora estos actos como formas de terrorismo.
En palabras del responsable del Departamento de Estado, Marco Rubio, reproducidas en el anuncio: “Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”. El objetivo declarado es reducir la influencia económica y política tanto de los grupos criminales como de quienes forman parte de las estructuras oficiales que, bajo la perspectiva estadounidense, sostienen sus operaciones.
En este contexto, el medio señala que Estados Unidos ha intensificado su presencia en el Caribe con un despliegue reforzado de buques cerca de la costa venezolana y mayor rigor en los patrullajes destinados a localizar e interceptar embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. Como resultado de estos operativos, se han registrado más de 70 muertes asociadas a enfrentamientos vinculados con la política antinarcóticos estadounidense, según el balance presentado.
La estrategia adoptada por Washington aparece en un momento caracterizado por la profundización de sus medidas de presión sobre el gobierno de Maduro, con un realce en la aplicación de sanciones económicas y políticas. El medio que divulgó la información resalta que esta política no solo aspira a mermar el funcionamiento de las organizaciones criminales, sino también incrementar la presión sobre el aparato estatal venezolano, buscando así impulsar eventuales cambios en la línea de acción política y en el entorno de poder de Maduro.
Otro aspecto puesto en relieve es la relación entre el empleo de grupos criminales por parte del Ejecutivo venezolano como instrumento para asegurar la estabilidad del régimen. Washington considera, conforme lo publicado por el medio y el Departamento de Estado, que la colaboración entre las autoridades venezolanas y el Cártel de los Soles amplifica tanto la inestabilidad en la región como el flujo de drogas canalizadas hacia mercados internacionales, con especial referencia a Estados Unidos y Europa.
Por otra parte, la línea adoptada por el gobierno estadounidense apunta a fortalecer el control sobre los recursos financieros relacionados con las organizaciones designadas como terroristas. El congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con entidades o individuos sometidos a esta designación integran el paquete de medidas dirigidas a obstaculizar el ciclo de financiación de dichos grupos, de acuerdo con el medio que difundió el anuncio oficial.
Según las autoridades y el medio consultado, la multiplicación de hechos violentos en zonas estratégicas del Caribe encuentra explicación en la operativa del Cártel de los Soles, señalándose este argumento como central en la justificación de la inclusión del grupo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. La política formalizada incluye también el fortalecimiento de la cooperación internacional para limitar la penetración de las redes criminales en el sistema financiero global, con la meta de reducir la disponibilidad de recursos con los que se mantiene la actividad delictiva y se expande la violencia a nivel regional y global.
Finalmente, los datos recopilados por el medio reafirman la perspectiva de Washington, que ubica la política de sanciones como un elemento clave para restringir tanto la autonomía operativa como la capacidad de influencia de los grupos vinculados al narcotráfico en Venezuela, y por extensión, de los sectores estatales que desde la visión estadounidense les otorgan sustento político y material.