Colombia confirma a la ONU las muertes de siete "niños soldado" en el bombardeo del Ejército en Guaviare

El Instituto de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmaron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas la muerte de siete menores de edad, víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados disidentes de las FARC, durante una operación militar en Guaviare. Según informó Naciones Unidas a través de una comunicación difundida por redes sociales, el ataque militar se dirigió contra un objetivo considerado legítimo, pero resultó en el fallecimiento de tres varones y cuatro mujeres adolescentes, quienes se encontraban bajo el control del grupo liderado por alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con el comunicado publicado por la oficina del Alto Comisionado, dirigida por Scott Campbell, la organización manifestó "profunda preocupación" tras recibir la información oficial sobre el fallecimiento de estos menores en medio de las hostilidades. Naciones Unidas reiteró que los fallecidos se encontraban en condición de víctimas de reclutamiento y utilización forzada por parte de un grupo armado ilegal, y recalcó la obligación del Estado colombiano de desplegar esfuerzos adicionales para evitar el uso de menores en el conflicto armado.

El medio de comunicación detalla que la oficina de la ONU instó al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de Colombia a intensificar las medidas para prevenir y proteger a la niñez, con especial énfasis en la prevención del reclutamiento y uso de personas menores de 18 años por parte de actores armados no estatales. La organización internacional recordó a las autoridades la importancia de adoptar todas las precauciones necesarias, tanto en la obtención de inteligencia como durante la ejecución de operaciones, para limitar el riesgo de víctimas infantiles en estos escenarios.

La operación militar objeto del pronunciamiento tuvo lugar en Guaviare, en el este del país, donde las fuerzas armadas colombianas lanzaron un bombardeo contra integrantes del grupo disidente de las FARC liderado por ‘Iván Mordisco’. El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió públicamente a este hecho y defendió la decisión de autorizar la operación bajo criterios de fuerza mayor. Petro argumentó que de no haberse ejecutado la ofensiva, un grupo de 150 hombres fuertemente armados habría representado un grave peligro para la vida de veinte soldados colombianos que se encontraban en la zona.

En declaraciones reproducidas por medios y publicadas en su cuenta personal de la red social X, el presidente Petro afirmó: “No es un crimen de guerra, porque si no se hace, 150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban al frente”. El mandatario añadió que, desde el inicio de su gestión, ha ordenado un total de doce bombardeos, solicitando siempre la máxima rigurosidad en materia de inteligencia para evitar la muerte de menores, y que estas acciones han tenido como finalidad principal neutralizar a mandos relevantes de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El presidente también realizó un balance de los esfuerzos oficiales para proteger a la infancia frente a la violencia armada, recordando que “mi ofrecimiento de paz buscaba antes que nada liberar menores de la guerra. Por diferentes motivos hemos liberado 2.411 niños”. Además, expresó que en esta ocasión, dadas las condiciones de aislamiento y falta de alternativa en las selvas del Guaviare, no se contaba con otras opciones tácticas para evitar una agresión contra efectivos militares, y que él personalmente tomó la decisión de autorizar el ataque.

Tal como publicó la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, se mantiene la solicitud dirigida tanto al Gobierno como a los comandantes militares para que, durante los preparativos y la ejecución de operaciones, extremen las precauciones orientadas a evitar la muerte de personas menores de edad captadas por grupos armados ilegales. Las autoridades internacionales destacaron la responsabilidad estatal de tomar todas las medidas necesarias en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Colombia frente al derecho internacional y la protección de la niñez en medio del conflicto.

El incidente ha vuelto a centrar el debate sobre el impacto de las operaciones militares en contextos donde existen menores reclutados por organizaciones armadas, así como sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia y protección para evitar nuevas víctimas infantiles en el marco de las hostilidades. Naciones Unidas subrayó que la prioridad debe ser la protección de la infancia y la erradicación del reclutamiento forzoso de menores, reiterando el llamado al Estado colombiano para avanzar en la prevención de estos hechos y en la adopción de protocolos que minimicen los riesgos para los niños y niñas que han sido víctimas del conflicto armado.