
Varios familiares de los heridos permanecen en las afueras de hospitales de Hyderabad, aguardando información sobre quienes fueron trasladados tras la fuerte explosión registrada el pasado sábado en una vivienda usada ilegalmente como fábrica de pirotecnia. Según puntualizó el diario Dawn, el estallido en la zona residencial de Latifabad, provincia de Sindh, dejó al menos seis víctimas mortales, siete personas lesionadas —incluidas tres en condición crítica— y generó un incendio que las cuadrillas de bomberos atajaron poco después del suceso. El hecho reavivó la preocupación de los habitantes por la presencia de actividades clandestinas en áreas habitacionales y derivó en una respuesta inmediata de los equipos de emergencia, policías y autoridades provinciales.
El medio Dawn detalló que la estructura siniestrada funcionaba como taller clandestino de fuegos artificiales, sin poseer los permisos para manipular materiales explosivos ni cumplir medidas mínimas de seguridad. A raíz del estallido, fragmentos y escombros alcanzaron viviendas aledañas y alteraron la vida comunitaria. La jurisdicción administrativa quedó bajo control del subcomisionado de Latifabad, Saud Lund, quien coordinó la remoción de los cuerpos entre los restos y confirmó a Dawn que la operación funcionaba al margen de toda normativa industrial. Paralelamente, el subcomisionado de Hyderabad, Zain ul Abideen Memon, resaltó la actividad de los equipos de rescate y la evacuación de quienes sufrieron lesiones.
A consecuencia de la explosión, los residentes del sector se concentraron frente a la vivienda afectada para observar los daños y manifestaron a las autoridades su inquietud sobre la escasa fiscalización en materia de seguridad industrial en zonas residenciales. La situación generó una presión vecinal para el refuerzo de controles y el cierre de talleres irregulares similares. De acuerdo con la cobertura de Dawn, la policía local inició una operación para localizar al propietario del inmueble, quien se mantiene prófugo, mientras se verifican sospechas sobre posibles omisiones de los organismos encargados de supervisar la actividad industrial y técnica en la ciudad.
Adeel Chandio, jefe policial de Hyderabad, comunicó a Dawn que el proceso investigativo incluye la recopilación y revisión de la documentación legal de la construcción siniestrada y la identificación de responsables, tanto en la gestión del lugar como en los mecanismos de inspección que debieron detectar la situación. Este episodio, expuso a juicio de fuentes citadas por Dawn, deficiencias en la aplicación y cumplimiento de las regulaciones existentes, especialmente cuando este tipo de instalaciones operan de forma encubierta en zonas de alta densidad poblacional.
La movilización social motivó que los cuerpos locales y provinciales —entre ellos bomberos, fuerzas de seguridad e inspectores técnicos— unificaran esfuerzos y aumentaran la vigilancia sobre viviendas y establecimientos sospechosos de realizar actividades ilícitas con materiales pirotécnicos. Como informó Dawn, el gobierno de Sindh dispuso una inspección masiva que abarca la revisión de todas las licencias relacionadas con el almacenamiento y fabricación de productos explosivos, focalizando controles en predios residenciales o comerciales de posible uso irregular.
Ziaul Hassan Lanjar, ministro del Interior de Sindh, solicitó públicamente mediante la red social X un informe detallado sobre el origen del accidente y reclamó endurecer la regulación vigente. Lanjar afirmó, de acuerdo con lo publicado por Dawn: “No se puede permitir jugar con la vida y este tipo de accidentes son inaceptables para las fuerzas del orden”, y recalcó la urgencia de exigir protocolos y licencias autorizadas en toda operación vinculada con fuegos artificiales.
En la actualidad, prosiguen las labores de investigación, así como las acciones orientadas a localizar al propietario fugitivo, mientras equipos interdisciplinarios mantienen la inspección en sectores considerados de riesgo. Según publicó Dawn, la repercusión del caso llevó a que se actualizara la estrategia estatal de control y se reforzara la coordinación interinstitucional para mitigar el riesgo de nuevos incidentes.
La comunidad y organizaciones vecinales sostienen su reclamo de controles efectivos y solicitan a las autoridades que estructuren mecanismos más rigurosos y permanentes de fiscalización. Como destacaron fuentes consultadas por el medio Dawn, la continuidad de talleres irregulares dentro del tejido urbano pone en entredicho la capacidad preventiva de los sistemas oficiales y obliga a revisar a fondo el funcionamiento de los órganos fiscalizadores.
Finalmente, la cobertura de Dawn remarca que la tragedia reorientó la atención tanto de las autoridades locales como provinciales hacia la importancia de cerrar espacios donde la manipulación de productos explosivos ocurra sin autorización ni condiciones de resguardo, con el objetivo de resguardar la seguridad ciudadana y evitar la repetición de hechos similares en la provincia de Sindh.
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