Una nueva imputación múltiple eleva a casi 300 la cifra de Tanzanos detenidos por traición tras las elecciones

Dentro del grupo más reciente de acusados en Tanzania se encuentran empresarios y conductores, una muestra de la diversidad de perfiles implicados en los cargos de traición y conspiración tras las movilizaciones poselectorales, quienes permanecen en prisión preventiva ya que la legislación no contempla la opción de fianza para este tipo de delitos. Esta nueva imputación incrementa el número de detenidos por estos hechos a 288 ciudadanos tanzanos, en el contexto de las investigaciones posteriores a las protestas que siguieron a los comicios presidenciales del 29 de octubre. Según reportó el diario regional ‘Mwananchi’, la imposibilidad del tribunal encargado de procesar los casos de traición para asumir la instrucción de los expedientes mantiene a los acusados sin la lectura formal de cargos, debido a la falta de competencia jurisdiccional.

De acuerdo con la información publicada por ‘Mwananchi’, la Fiscalía sostiene que la investigación en torno a estos hechos aún no concluye y solicita una nueva audiencia, programada para el 29 de noviembre, con el objetivo de recabar pruebas adicionales. El fiscal estatal Tumaini Mafuru formalizó la presentación de cargos contra el grupo más reciente de imputados ante el tribunal de Dar es Salaam, describiendo, siempre según el medio regional, el periodo de los presuntos actos delictivos entre el 1 de abril y el 29 de octubre de 2025. Según la acusación, se organizó un plan para cometer traición y, específicamente el día de la elección, se habría perpetrado el acto de conspiración en diferentes zonas de Dar es Salaam bajo la jurisdicción de la República Unida de Tanzania, con el propósito, según la Fiscalía, de subvertir el gobierno nacional y ocasionar daños materiales a bienes del Estado.

Los expedientes judiciales consignados por ‘Mwananchi’ recogen que el delito de traición no permite la concesión de fianza, lo que determina la situación de todos los acusados, entre ellos 19 empresarios y 13 conductores, bajo medidas de prisión provisional mientras el proceso de instrucción continúa. Las limitaciones impuestas a la defensa, consecuencia de la calificación penal del delito y del estado de la pesquisa, han dificultado el ejercicio del derecho a la defensa para los encausados, según puntualizó la referida publicación.

Las detenciones se produjeron en medio de protestas masivas posteriores a la proclamación de la actual presidenta, Samia Suhulu Hasan, cuya victoria en los comicios del 29 de octubre fue objetada por la Unión Africana, que expresó dudas sobre la regularidad del proceso electoral. La respuesta de las fuerzas del orden durante las manifestaciones tuvo consecuencias graves: Amnistía Internacional cifró en al menos 100 el número de personas fallecidas en los disturbios, aunque el principal partido opositor del país, Chadema, eleva la cantidad de víctimas a cerca de 1.000.

Entre los imputados figura Tindu Lissu, líder opositor de Chadema, quien enfrenta cargos de traición desde abril y es objeto de una orden de búsqueda y captura emitida, según detalló el medio. Lissu y otros actores relevantes de la oposición aparecen señalados como promotores de los presuntos intentos de impedir la celebración de los comicios y de causar daños a la propiedad estatal, de acuerdo con la versión de la Fiscalía recogida por ‘Mwananchi’.

Diversas voces internacionales y organismos de derechos humanos han reaccionado a la magnitud de la crisis judicial y política. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, exhortó públicamente al gobierno tanzano a organizar investigaciones independientes respecto de las muertes ocurridas durante las manifestaciones poselectorales y solicitó la excarcelación de “todas las figuras políticas detenidas antes de las elecciones, incluido el líder de Chadema”. Turk también pidió que los arrestados accedan a “procesos justos y con garantías bajo el Derecho Internacional”, según citó el medio regional.

En cuanto al avance de la instrucción, la Fiscalía argumenta que necesita un plazo mayor para recabar pruebas decisivas antes de presentar cargos definitivos ante la autoridad competente. Esta situación llevó al tribunal de Dar es Salaam a programar una nueva vista para el 29 de noviembre, con el objetivo de continuar el examen de la causa, mientras tanto los acusados permanecen bajo custodia y sin posibilidad de ser liberados.

El clima generado por las detenciones masivas se enmarca dentro de un escenario de fuerte tensión política. El partido opositor Chadema considera que la utilización de cargos de traición en este contexto supone una medida de persecución que pretende frenar el activismo ciudadano y restringir la libertad de expresión y manifestación. Paralelamente, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos advierten sobre la importancia de seguir garantizando el debido proceso y de investigar posibles excesos en la utilización de la fuerza por las autoridades durante la gestión de las protestas. Según el seguimiento periodístico realizado por ‘Mwananchi’, la insistencia de la Fiscalía en mantener abierta la investigación y la negativa de fianza ilustran los obstáculos legales y políticos presentes en la gestión judicial de situaciones poselectorales en Tanzania.

La evolución de las próximas audiencias y el involucramiento continuo de observadores internacionales serán elementos cruciales en el desarrollo de este proceso, que continúa siendo vigilado de cerca tanto por actores locales como foráneos, dada la magnitud de las detenciones y el impacto en la vida política del país.