El presidente de Guatemala denuncia un intento de "golpe de Estado" instigado desde la Fiscalía

La nulidad del partido oficialista Movimiento Semilla, dictada por el juez Fredy Orellana, se convirtió en el detonante de una denuncia pública del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien responsabilizó a altos funcionarios del sistema judicial de intentar revertir el orden constitucional en el país. Según consignó el medio que recoge las declaraciones, Arévalo señaló específicamente a la fiscal general, Consuelo Porras, y al propio Orellana, de estar orquestando lo que calificó como un "golpe de Estado", y solicitó la intervención internacional para responder a la crisis institucional.

De acuerdo con la información difundida, el presidente guatemalteco solicitó de manera formal a la Organización de Estados Americanos (OEA) la convocatoria de una reunión extraordinaria. La petición busca que los miembros del Consejo Permanente puedan analizar las amenazas que, en sus palabras, "ponen en peligro la Constitución y la democracia" en Guatemala, especialmente a raíz de las acciones emprendidas por el Ministerio Público y decisiones judiciales recientes.

Durante su alocución dirigida a la nación, Arévalo declaró que existe una "alianza criminal" asentada en la Fiscalía y en ciertos sectores del sistema judicial, utilizando procesos judiciales, que describió como ilegítimos, para perseguir a ciudadanos, desmotivar la defensa de los derechos democráticos y obtener declaraciones o denuncias orientadas a sustentar un quiebre institucional. Según detalló el medio, el presidente sostuvo que detrás de la oleada de acoso judicial contra funcionarios y colaboradores del actual Gobierno operan las mismas motivaciones que buscaron obstaculizar su investidura tras las elecciones de 2023.

El mandatario denunció que estas operaciones buscan "sumir a Guatemala en el autoritarismo, la corrupción y la impunidad", y denunció como objetivo de sus adversarios la consolidación de la impunidad para sectores vinculados a corrupción, narcotráfico, crimen organizado y aliados políticos. Arévalo agregó que esta estructura "capturó instituciones del Estado" al percibir amenazados sus intereses y patrimonio, recurriendo a mecanismos judiciales para expulsar, encarcelar o forzar al exilio a fiscales, periodistas y activistas críticos.

Al profundizar en los antecedentes, Arévalo describió una acumulación de irregularidades previas a la elección presidencial de 2023, como la manipulación del registro de candidatos, el intento de condicionar el respaldo de líderes locales y esfuerzos de compra de votos. De acuerdo con el reporte, el presidente subrayó que, pese a la derrota de estos intentos, los actores involucrados recurrieron a nuevos métodos para frenar la asunción legítima del gobierno electo. Se refirió a Fredy Orellana como "un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras", acusándolo de aspirar a distorsionar los resultados de los comicios.

Arévalo valoró que tanto la sociedad guatemalteca como instancias internacionales reconocen a Porras y Orellana como "obstáculos a la lucha contra la corrupción", atribuyéndoles la representación visible de una red que califica de "mafia" y "alianza criminal", cuyas acciones afectarían la transparencia y justicia no sólo en el presente sino en futuros procesos electorales previstos para 2026 y 2027.

El presidente destacó el respaldo internacional que, desde su perspectiva, respalda la institucionalidad democrática en Guatemala, mencionando apoyos explícitos de la OEA, la Unión Europea y Naciones Unidas en iniciativas contra la corrupción y el crimen organizado. Reiteró su llamado a la comunidad internacional a prestar especial atención a los desafíos que enfrenta el país, en línea con el seguimiento que ha manifestado la OEA sobre los hechos recientes y su disposición a mantener la colaboración con Guatemala.

Señaló que la Secretaría General de la OEA ha instado a asegurar el funcionamiento de las instituciones democráticas conforme a la Constitución y el Estado de Derecho, subrayando la necesidad de respetar el resultado de las elecciones generales de 2023, que, según el organismo regional, se realizaron con legitimidad. El comunicado de la OEA difundido por el medio reafirma la importancia de que todos los actores trabajen para mantener la estabilidad y el diálogo institucional, además de reiterar el apoyo para acompañar a Guatemala en el fortalecimiento de la democracia y la preservación del orden constitucional.

Bernardo Arévalo exigió actuaciones firmes de las autoridades nacionales, solicitando a la Corte Suprema de Justicia la destitución inmediata del juez Fredy Orellana, con base en consideraciones legales y en resguardo del orden democrático. Solicitó también a la Corte de Constitucionalidad hacer cumplir el fallo que protegió los resultados de las elecciones de 2023 mediante la aplicación de todas las medidas necesarias.

La postura de Arévalo se enfoca en rechazar la instrumentalización de la justicia para perpetuar la corrupción en el país y advierte que el momento actual requiere decisiones contundentes para salvaguardar la democracia, dejar atrás décadas de gobernanza opaca y construir una nación basada en el respeto a la voluntad popular. Según detalló el medio citado, el presidente convocó a la unidad nacional en defensa del sistema democrático y concluyó que el desafío va más allá de intereses partidarios o personales, al estar en juego los cimientos mismos de la democracia guatemalteca.