La presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), María Luisa Araújo, comparecerá este martes en el Congreso ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para, además de presentar su informe anual de 2024, ofrecer explicaciones sobre los contratos públicos suscritos por la Administración General del Estado con la empresa Huawei entre los años 2020 y 2025.
La OIReScon es un organismo supervisor que depende del Ministerio de Hacienda y que tiene el cargo de analizar los contratos públicos y redactar unos informes anuales que deben presentarse ante las Cortes.
Pero esta vez tiene un segundo punto en su comparecencia, a petición del PP, para explicar la naturaleza, el alcance y la aplicación la legislación de contratación pública en todos estos contratos suscritos entre el Gobierno y la tecnológica china.
Desde el pasado verano, el Partido Popular viene cuestionando esta relación contractual al considerar que la compañía es la puerta de entrada de una presunta "red de espías no convencionales con influencia en el poder político y económico". En la pasada Comisión Mixta de Seguridad Nacional, planteó interrogantes sobre la supuesta "injerencia" del Partido Comunista de China en España y sobre la adjudicación a Huawei de material tecnológico para infraestructuras críticas y el sistema de interceptación legal de comunicaciones Sitel.
Por todo ello, los 'populares' han pedido en varias ocasiones la anulación de los contratos con la compañía asiática por "poner en riesgo la seguridad nacional". Incluso solicitaron al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización de los mismos durante el último lustro.
CONTRATOS "PERFECTAMENTE MONITORIZADOS"
Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado en varias comparecencias en el Congreso que los contratos con Huawei no son directos, sino canalizados a través de empresas proveedoras acreditadas, y ha recordado que este tipo de equipamiento "se viene utilizando desde 2011 y 2012, cuando gobernaba el Partido Popular".
El titular del Interior garantiza que las comunicaciones y escuchas judiciales gestionadas a través de Sitel "están blindadas y perfectamente monitorizadas" y asegura que la seguridad en materia de interceptación "es una prioridad absoluta".
Por su parte, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, afirmó en la Comisión Mixta que la adquisición de equipamiento tecnológico a Huawei no suponía "ningún riesgo de seguridad ni de espionaje" y precisó que las contrataciones se refieren a hardware o armarios de almacenamiento sin acceso a datos, que permanecen custodiados por la Policía y la Guardia Civil bajo supervisión del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI.
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