Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han alcanzado este jueves un acuerdo sobre la reforma que reforzará los poderes de la agencia europea de coordinación policial (Europol) y fija nuevas reglas para el intercambio de datos biométricos y encriptados, con el objetivo de mejorar la lucha del bloque contra las mafias que trafican con seres humanos y frenar los flujos de migración irregular.
El acuerdo, que parte de una propuesta presentada por la Comisión Europea en 2023, necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara para su ratificación y posterior entrada en vigor.
El Ejecutivo comunitario ha aplaudido el resultado de las negociaciones y destacado que se incrementará la capacidad de la agencia para procesar datos biométricos, incluso mediante financiación adicional. En este sentido, la institución apunta en un comunicado que la capacidad operativa de Europol se verá reforzada con 50 millones de euros adicionales y la contratación de 50 empleados más.
Otra de las claves de la reforma es la creación de un Centro contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (ECAMS, por sus siglas en inglés) que contará con expertos de Eurojust y Frontex para, bajo el paraguas de Europol, ayudar a una mayor cooperación interinstitucional e intensificará el apoyo estratégico, operacional y técnico a los Estados miembro.
También se mejorará el intercambio de información entre Europol y los 27, incluidos los funcionarios de enlace de los Estados miembro en terceros países; al tiempo que introducirá nuevas responsabilidades para que las autoridades nacionales compartan información con Europol y otros Estados miembro que participan en un grupo operativo específico.
Según indica el Parlamento Europeo en un comunicado, los eurodiputados insistieron durante las negociaciones en que el tratamiento de datos biométricos debe cumplir con las normas de protección de datos existentes de la UE y realizarse sólo "cuando sea necesario, sea proporcionado y cumpla con las normas mínimas de calidad". Los eurodiputados también quieren que Europol y las autoridades de los Estados miembro cooperen para abordar los delitos cometidos a través de las plataformas de redes sociales.
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