Gobierno de Ecuador impide a indígenas consumar "toma de Latacunga" contra alza del diésel

Latacunga (Ecuador), 22 sep (EFE).- La marcha para la "toma de Latacunga", convocada por el movimiento indígena de Ecuador sobre la ciudad a la que el presidente Daniel Noboa trasladó temporalmente la sede de su Gobierno, se vio impedida de llegar al centro de la ciudad, por los cortes militares para llegar a su plaza principal y la presencia de simpatizantes del mandatario que realizaron una contramarcha.

Esta movilización, que reunió a alrededor de medio millar de indígenas llegados de distintas partes de la provincia Cotopaxi hasta la capital de esa jurisdicción, fue hasta el momento la más numerosa desde que el pasado jueves la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, se declarase en "paro nacional indefinido".

La marcha, que transcurrió sin grandes incidentes, partió desde la antigua estación de tren sin lograr avanzar hacia el centro de la ciudad por cercos creados por las Fuerzas Armadas desde la noche del domingo y la presencia de la contramarcha promovida por el Gobierno con los partidos de Noboa, que sí tuvo acceso a los lugares cerrados para los indígenas.

"Tomamos la decisión de que no vamos a enfrentar pueblo contra pueblo", señaló Rafael Negrete, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), una de las filiales más activas y fuertes de la Conaie, que había convocado esta "toma de Latacunga" con el objetivo de sacar la ciudad a Noboa.

"Tenemos que tomar una decisión estratégica para ver cómo hacer frente a este Gobierno (...) Hoy nos estamos organizando. Sabemos que el presidente está aquí con la finalidad de enfrentar y le pedimos que se retire a su puesto de trabajo (en el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia y del Gobierno)", continuó Negrete.

El acceso al centro de la ciudad, donde se ubicaba la Gobernación, fue bloqueado con vallas por parte de las fuerzas de seguridad desde el día anterior, lo que impidió que los manifestantes se concentrasen frente al edificio desde donde está despachando Noboa.

Por ello, en torno a 500 personas caminaron por la antigua carretera panamericana en las inmediaciones de la ciudad, lo que provocó que se interrumpiese el tráfico de vehículos y donde también se presentaron decenas de militares y policías.

Allí, corearon gritos como "¡Fuera Noboa, fuera!" y "Viva el paro, viva la lucha social"; en un trayecto en el que participaron hombres y mujeres de todas las edades, incluidos niños.

Apawki Castro, actual coordinador en Cotopaxi de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, lideró la protesta y se acercó a los miembros de las Fuerzas Armadas para explicar que esta era una marcha "pacífica". "Vamos por aquí [la panamericana] porque nos cerraron el paso a nuestra sede", señaló Castro a EFE.

"Los seguidores y fanáticos de Noboa fueron traídos de otras provincias y no queremos caer en provocaciones, menos en confrontación. Por eso vamos a instalar aquí una asamblea (en mitad de la carretera) para decidir qué hacer”, explicó antes de que decidiesen, finalmente, disolver la marcha antes de que se produjeran antidisturbios.

Noboa respondió que no cederá ante el movimiento indígena, al que acusó de querer "desestabilizar" al país, y reiteró que permanecerá en Latacunga.

"Estamos ahora peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador y no vamos a ceder ni un milímetro", dijo Noboa durante un acto público en Cotopaxi, una de las ocho provincias donde decretó un estado de excepción contra las protestas, incluido un toque de queda en cuatro de ellas.

Para Castro, este movimiento del presidente se debe a que "no quiere acabar ni con la inseguridad ni con la corrupción, quiere acabar con el movimiento indígena".

Susana, una mujer agricultora de 40 años, declaró que su presencia en la marcha se debía a que "las promesas que hizo el presidente en campaña no se cumplieron", y se mostró especialmente afectada por el retiro del subsidio al diésel, que de la noche a la mañana pasó de costar 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

"Si el Gobierno no elimina el Decreto 126, nosotros avanzaremos. A ver si aguantan las personas que tienen (manifestándose a favor del Gobierno) el mismo tiempo que aguantamos nosotros", declaró Jorge Taco, líder de una organización indígena del cantón Salcedo (Cotopaxi).

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Andrea Farnós

Guayaquil (Ecuador), 22 sep (EFE).- Veinticuatro personas han sido detenidas en Ecuador este lunes durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, en contra del alza del precio del diésel, confirmó el Ministerio del Interior.

Horas antes, el titular de Interior, John Reimberg, había cifrado en quince el número de detenidos; sin embargo, posteriormente se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes de la ciudad andina de Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el norte del país, quienes, según la Policía, atacaron el cuartel, lo que provocó que dos agentes resultaran heridos.

"Con acciones terroristas, ocasionaron daños a las instalaciones del comando policial, motocicletas y vehículos, poniendo en riesgo la integridad física de nuestros compañeros", dijo la institución en un comunicado.

Reimberg señaló por la tarde que en otros puntos de Imbabura también se habían registrado enfrentamientos, después de que policías y militares llegaron hasta esos sitios para abrir los tramos de vías que fueron bloqueados por manifestantes.

En una de las localidades, aseguró el ministro, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con botellas, lanzas e "inclusive disparos".

"Producto de esto, un servidor militar tiene una bala en una de sus piernas. Obviamente la Policía supo actuar, la fuerza pública, los militares actuaron correctamente. Pudimos aperturar (la vía) y también tuvimos detenidos de ese enfrentamiento", precisó.

La Conaie denunció en sus redes sociales que en la localidad de González Suárez, también en Imbabura, agentes policiales habría ingresado "violentamente a viviendas" y supuestamente disparado "contra la población movilizada".

Reimberg indicó que a la mayoría de los sectores que estaban bloqueados, las fuerzas de seguridad llegaron "a conversar" y a explicarles a los manifestantes que estaban "actuando en contra de la ley". "Se les explica, se los escucha y ellos deciden abrir las vías", añadió.

El ministro dijo que "hay mucha mala información" que han circulado "seudolíderes" entre los manifestantes y que él cree que en algunos casos han sido "manipulados" para salir a las calles.

"Les han dicho que si no salen a cerrar vías les van a cortar el agua, les van a poner multas de 80 dólares y les van a aplicar la justicia indígena. Es un tema que estamos investigando", indicó.

Señaló que los líderes buscan "la violencia" y que detrás de las protestas hay "un partido" que "está promoviendo que se genere el caos, y que lo ha hecho toda la vida y que no lo va a lograr".

En días pasados, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acusó al correísmo, el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), de estar detrás de las movilizaciones.

El Gobierno, que espera liberar 1.100 millones de dólares anuales con la eliminación del subsidio al diésel, ha señalado que ese dinero se destinará a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, desde el movimiento indígena exigen que se derogue esa medida, al considerar que el alza del precio del diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), encarecerá la vida de los ecuatorianos.

Los indígenas ya lideraron en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha dicho que no va a negociar la eliminación del subsidio y advirtió que quienes "incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley".

La Fiscalía también anticipó que actuará "con firmeza" en caso de que las protestas deriven en posibles delitos como "terrorismo".