La militarización de la seguridad pública por parte del Gobierno de Ecuador ha facilitado la comisión de desapariciones forzadas a manos de las Fuerzas Armadas, según la ONG Amnistía Internacional, que ha tachado de "fallida" la estrategia impulsada por el presidente Daniel Noboa desde su llegada al poder.
La organización ha constatado al menos diez desapariciones forzadas en cinco operativos de seguridad de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, tres de las provincias donde se aplica el 'Plan Fénix' de Noboa. Y no serían casos puntuales, ya que la Fiscalía ha recibido gasta 43 denuncias similares desde 2023.
Cirilo Minota, de 35 años, permanece en paradero desconocido desde que fue detenido en abril, mientras que las autoridades castrenses niegan saber el paradero de Dave Loor y Juan Daniel Santillán, de 20 y 27 años, pese a que varios testigos los sitúan bajo custodia del Ejército.
El informe 'Son militares, yo los vi' recoge también el caso de dos primos menores de edad, Jostin Álvarez y Jairo Tapia, detenidos en septiembre de 2024. Jostin reapareció semanas después y, tras denunciar torturas y la posible ejecución de su primo, volvió a desaparecer.
Otro caso que generó especial indignación en Ecuador fue el de cuatro niños de Guayaquil de entre once y 15 años detenidos por la Fuerza Aérea en diciembre. Sus cuerpos fueron hallados ya sin vida varias semanas después.
Las Fuerzas Armadas evitan desvelar detalles de todos estos casos alegando que son "secreto" o "información reservada", mientras que Amnistía ha acusado a la Fiscalía de retrasos en las diligencias, fallos en la custodia de pruebas o aperturas de investigaciones en figuras jurídicas que no corresponden a la desaparición forzada.
CONTRA LA "INDIFERENCIA INSTITUCIONAL"
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, ha advertido de que "la verdad no puede seguir oculta detrás de excusas militares o de la indiferencia institucional", ya que "cada día que pasa sin que se esclarezcan estos crímenes es un suplicio para las familias que buscan a sus seres queridos".
"Las autoridades deben recordar que estamos hablando de niños y jóvenes cuyas vidas fueron truncadas, y de familias que merecen respuestas inmediatas y justicia real", ha reclamado, en un llamamiento extensible al presidente Noboa para que revierta "urgentemente" las actuales políticas y garantice la rendición de cuentas.
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