Acusado por complicidad en intento de golpe de Estado el excandidato presidencial de Rumanía Calin Georgescu

El exlegionario francés Horatiu Potra, jefe de una milicia congoleña y actualmente solicitante de asilo político en Rusia, figura entre los más de veinte procesados por la Fiscalía de Rumanía en un caso donde también se encuentra implicado Calin Georgescu, excandidato presidencial rumano. De acuerdo con información publicada por TVRInfo, la acusación apunta a que ambos planificaron acciones para tomar el control del gobierno, en medio de un contexto político marcado por la suspensión de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bucarest, crisis que ha llevado a uno de los periodos más convulsos en el país desde la caída del comunismo.

Según informaron las autoridades rumanas este martes, la Fiscalía ha presentado cargos contra Georgescu por su complicidad en el intento de golpe de Estado. El caso involucra a más de una veintena de personas, incluyendo no solo a Potra, sino también a figuras asociadas a grupos extremistas y mercenarios. Los investigadores detallaron que la trama para desestabilizar el país comenzó con una reunión mantenida el 7 de diciembre de 2024 entre Georgescu y Potra, en la cual ambos delinearon las bases para la toma del poder.

El medio TVRInfo recogió declaraciones de los investigadores que señalan que, tras la suspensión de la primera ronda electoral en la que el candidato de extrema derecha obtuvo un sorpresivo resultado, Potra y un grupo de mercenarios tenían el objetivo de infiltrarse en las protestas ciudadanas surgidas como respuesta a la crisis institucional. No obstante, las indagaciones apuntan a que las acciones para socavar el régimen actual y buscar el control del Estado habrían iniciado ya en 2022, mucho antes de los recientes acontecimientos electorales.

Las acusaciones contra Georgescu no se limitan únicamente al intento de golpe de Estado. A principios de julio, la Fiscalía lo imputó también por cargos relacionados con la difusión de propaganda, apología de criminales de guerra y la promoción de mensajes fascistas y xenófobos, todo ello fundamentado en afirmaciones de que entre junio de 2020 y mayo de 2025 Georgescu propagó este tipo de ideas respaldando al grupo ultraderechista Movimiento 41 por Rumanía. Según precisó el medio TVRInfo, las autoridades sostienen que Georgescu mantuvo una actividad constante orientada a la promoción de discursos que incitaron a la polarización social y política.

La génesis de la presente crisis política se remonta a la suspensión de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, decisión tomada tras detectarse irregularidades en la financiación de la campaña de Georgescu y crecientes sospechas de injerencia extranjera en el proceso electoral. TVRInfo detalló que tales irregularidades y denuncias de manipulación electoral encendieron protestas masivas y exacerbaron la inestabilidad en el país, dando pie a la intervención de militares retirados y activistas de extrema derecha en los planes de desestabilización.

Las indagaciones judiciales han delineado un entramado en el que participaron tanto actores locales como extranjeros con el objetivo de alterar el orden constitucional. El medio TVRInfo reportó que las investigaciones permitieron revelar vínculos entre exmilitares, integrantes de grupos extremistas y supuestos asesores internacionales, todos coordinados para sembrar un clima de desconfianza y hostilidad hacia las instituciones públicas.

Las autoridades rumanas han subrayado la gravedad de los hechos, resaltando que esta operación constituye uno de los intentos más organizados de subvertir el orden democrático nacional en las últimas décadas. Según consignó TVRInfo, además del componente militar y político de la trama, las autoridades investigan el papel de la financiación externa y los canales de comunicación utilizados por los implicados para movilizar recursos y apoyo logístico, tanto en el interior como en el exterior del país.

La crisis política y los procesos judiciales tienen impacto no solo en Bucarest sino en toda la región, habida cuenta de los antecedentes de inestabilidad en Europa del Este y la presencia de intereses cruzados de diversos actores internacionales. TVRInfo subrayó que la repercusión del caso abarca aspectos de seguridad nacional, control fronterizo y cooperación entre agencias judiciales de varios países europeos, a raíz de la implicación de ciudadanos extranjeros y el cruce de redes ilegales que operaban en paralelo a las estructuras del Estado rumano. Además, la solicitud de asilo político de Horatiu Potra en Rusia introduce un elemento adicional de tensión en las relaciones bilaterales y regionales.

El avance del proceso judicial marca un nuevo capítulo en la historia contemporánea de Rumanía, mientras las autoridades continúan sus trabajos para identificar a potenciales colaboradores y desmantelar células operativas que seguirían activas tras la fase inicial del proceso de desestabilización, de acuerdo con lo reportado por TVRInfo. Las repercusiones de esta crisis aún permanecen abiertas y la Fiscalía rumana mantiene la investigación con la colaboración de agencias internacionales de seguridad.