El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023), imputado por intento de golpe de Estado tras la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022, permanecerá en su domicilio durante la apertura del juicio prevista para este martes, a causa de su estado de salud, marcado por crisis de hipo que en ocasiones le provocan vómitos.
Con tobillera electrónica y en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, Bolsonaro está llevando a cabo tratamientos contra la hipertensión, el reflujo y la broncoaspiración, por lo que sus abogados le han desaconsejado asistir, según ha recogido el diario brasileño 'Folha'.
El exmandatario ultraderechista y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023. En virtud de ello, Bolsonaro podría ser condenado a más de 40 años de cárcel.
Este sábado, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó a la Policía Penal del Distrito Federal de Brasilia el despliegue de un dispositivo de vigilancia que registre toda visita al domicilio de Bolsonaro ante una posible fuga.
De hecho, un reciente informe policial alertó de que el exmandatario podría fácilmente saltar el muro que separa su finca de la continua y desplazarse en coche hasta la Embajada de Estados Unidos para pedir asilo, mientras que también se ha descubierto en su teléfono móvil un documento solicitando formalmente asilo político al presidente de Argentina, Javier Milei.
De cara al juicio, las autoridades brasileñas han reforzado la seguridad en la sede del Tribunal Supremo con un contingente de la Policía Militar del Distrito Federal que deberá permanecer hasta el 12 de septiembre, fecha en la que debería haber concluido el juicio según el cronograma estipulado por el alto tribunal. Además, una unidad integrada de Inteligencia también ha comenzado a operar en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
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