Japón mantiene la orden de arresto contra el activista Paul Watson pese a la decisión de Interpol

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El Gobierno de Japón ha lamentado este miércoles que Interpol haya levantado la alerta roja internacional que pesaba sobre el activista estadounidense-canadiense Paul Watson, implicado en un incidente de un barco ballenero japonés registrado en 2010, si bien ha recordado que la orden de arresto nacional en su contra sigue vigente.

"La orden de arresto de nuestro país sigue vigente y no ha habido cambios en la política del Gobierno japonés de solicitar a los países pertinentes su detención y extradición", ha señalado el jefe del gabinete japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa recogida por la cadena de televisión NHK.

En este sentido, ha argumentado que el caso es "un asunto de aplicación de la ley que no tiene nada que ver" con la postura de las autoridades sobre la caza de ballenas. "Estamos profundamente decepcionados de que la alerta internacional haya sido retirada pese a las alegaciones de nuestro país, basada en pruebas", ha dicho.

Las declaraciones de Hayashi se producen después de que Interpol levantase en la víspera la alerta contra Watson, activista antiballenero que reside desde hace diez años en Francia y quien estuvo detenido en Groenlandia durante cinco meses después de que Tokio solicitase su arresto a nivel internacional.

El Ministerio de Justicia de Dinamarca rechazó extraditarle en diciembre de 2024 tras una evaluación del caso en la que tuvo en cuenta los 14 años transcurridos desde los delitos que se le imputaban al activista medioambiental, de 75 años.

En concreto, las autoridades japonesas acusan a Watson de herir a un miembro de la tripulación japonesa del barco con una bomba fétida destinada a perturbar las actividades de los balleneros durante una campaña liderada por la ONG Sea Shepherd, a la que pertenece.

Watson ya fue detenido por las autoridades alemanas a petición del Gobierno de Costa Rica debido a otro altercado ocurrido en 2002 con un barco en aguas guatemaltecas al que la ONG Sea Sheperd acusaba de practicar cercenamiento de las aletas de tiburón. San José solicitó su extradición, si bien en marzo de 2019 retiró todos los cargos en su contra.

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