Guayaquil (Ecuador), 7 jul (EFE).- Trece líderes de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador exigieron este lunes ser escuchados en el debate que realiza la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (Parlamento) sobre el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas enviado por el presidente, Daniel Noboa, ya que aseguran que sus derechos se podrían ver afectados si la normativa se aprueba.
En un comunicado difundido por la organización Amazon Frontlines, los líderes y lideresas de varios pueblos y nacionalidades señalaron que el proyecto establece regulaciones y "toma decisiones que involucran territorios ancestrales traslapados por áreas protegidas", por lo que es obligación del Legislativo realizar una consulta previa, libre e informada a pueblos y nacionalidades cuyos derechos pudieran ser afectados, "como indudablemente ocurrirá con esta ley".
Los y las firmantes del documento, entre los que están dirigentes de las nacionalidades Siekopai, Siona, Kichwa, Achuar, entre otras, dejan claro que "tal omisión viola los derechos humanos y colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas".
La carta también fue entregada este lunes a la Comisión legislativa.
"El derecho a la consulta previa libre e informada está amparado en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Protocolo de Nagoya, el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Ecuador", agrega el comunicado.
Además de pedir comparecencia en la Comisión legislativa, los líderes exigen a los asambleístas, especialmente a los del movimiento Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que rechacen este proyecto de ley y "hagan respetar los derechos colectivos y los derechos territoriales vinculados a la seguridad jurídica y al ejercicio de autoridad y la protección de las prácticas ancestrales vinculadas con la identidad cultural".
Y también alertaron a las instituciones de derechos humanos, a nivel nacional e internacional, sobre la "violación sistemática de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades que tienen territorios traslapados por áreas protegidas, y los riesgos de despojo y desplazamiento forzado que existen".
La Comisión de Desarrollo Económico, liderada por el oficialismo, tiene previsto reinstalarse este martes para aprobar el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas calificado como urgente en materia económica, para su paso a un segundo debate en el pleno de la Asamblea.
La iniciativa también ha sido criticada por la oposición y otras organizaciones indígenas y ambientalistas al considerar que puede privatizar reservas y desconocer la existencia de pueblos originarios.
La presidenta de la Comisión, la oficialista Valentina Centeno, dijo este lunes durante el debate que la normativa no va a permitir la intervención en zonas de conservación o en zonas intangibles, sino que el plan que tendría el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es "únicamente en aquellas zonas que ya están destinadas para turismo".
Además, advirtió que la ley señala que en el caso de que uno de estos proyectos se encuentren en territorios de pueblos y nacionalidades se procederá a consultarles de acuerdo a lo establecido en la Constitución. EFE
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