La antigua república soviética de Georgia busca atraer inversión extranjera con el foco puesto también en España, un objetivo para el que trabaja la Spanish Georgian Business Alliance (SGBA), que colabora con compañías de ambos países con vistas a ampliar el foco hacia un mercado de 500 millones de personas que se extiende por varios países del Asia central.
El objetivo, en palabras del presidente de dicha alianza, Vasil Babluani, es ofrecer "flexibilidad" y "respuestas rápidas" a las empresas que busquen invertir en Georgia desde España y viceversa. "Un traje a medida", como ha explicado Babluani en declaraciones a Europa Press al repasar la labor de una asociación constituida formalmente el año pasado y que da soluciones de asesoramiento, márketing o logística, entre otras.
El presidente de la SGBA, que reivindica una década de experiencia de negocios en ambos países, ha subrayado que Georgia ofrece para el inversor una batería de ventajas que van desde una baja presión fiscal a "facilidades" para establecer nuevas empresas y, pese a que apenas tiene cuatro millones de habitantes, puede suponer la puerta de entrada a Asia. Entre los mercados que ya habrían comenzado a moverse figuran las energías renovables, el sector agrícola o la construcción, ha señalado.
España, por su parte, implica desde el prisma georgiano un acceso pleno al mercado de la Unión Europea y un posible paso intermedio en las interconexiones empresariales con América Latina, ha resaltado Babluani, al apuntar que también desde Georgia hacia el mercado español "hay demanda".
El fundador de la SGBA ha advertido de que la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa para las empresas una oportunidad y plantea la necesidad de "abrir mercados alternativos", un enfoque del que ahora espera aprovecharse Georgia.
Este pequeño país, según Babluani, ofrece "todas las garantías" que requiere el inversor extranjero y, frente a una hipotética crisis de confianza política ante las medidas polémicas adoptadas por el actual Gobierno, ha alegado que la ley de agentes extranjeros representa "problemas cero" para las empresas foráneas.
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