El Gobierno de España ha abonado por primera el importe por un laudo arbitral por la retirada retroactiva de las primas a las renovables entre los años 2010 y 2014, al cumplir con el pago de un total de 32 millones de euros a favor de la japonesa JGC Holdings Corporation.
De esta manera, el Estado abona por primera vez un laudo arbitral en su contra por este hecho, después de que hasta ahora hubiera siempre conseguido dilatar los procesos.
El laudo de JGC, cedido al fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, fue dictado en 2021 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), reconociendo que se violaron las condiciones de seguridad jurídica a las que se sujetó España al firmar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). El arbitraje giró en torno a dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía.
En septiembre del año pasado, un tribunal federal de los Estados Unidos autorizó la ejecución de un laudo arbitral contra el Gobierno de España.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron que el importe del laudo de JGC, se quedó consignado en Bélgica en 2024, tras un embargo de los derechos de crédito relativos a Eurocontrol que se levantó tras la actuación de las autoridades españolas.
SÓLO REPRESENTAN UN 5% DEL TOTAL.
Así, añadieron que España, tras obtener la aprobación de la Comisión Europea, ha negociado con Blasket "para poner fin a todos los procedimientos abiertos alrededor del caso, mediante el cobro de la cuantía depositada en Bélgica, de 32 millones de euros".
De todas maneras, recordaron que el número de arbitrajes por renovables promovidos por inversores de estados no miembros de la UE contra España sólo representan un 5% del total y, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "no tienen cabida en el derecho de la UE, de modo que la satisfacción de los laudos no supone una Ayuda de Estado ilegal".
Por ello, subrayaron que España afronta la defensa frente a estos minoritarios arbitrajes extra-UE "con todas las estrategias jurídicas a su alcance, agotando todas las vías de defensa, pero con menos argumentos jurídicos, al no poder invocar el derecho de la UE".
Además, el Ministerio afirmó que España ya ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales, de unos 10.635 millones de euros y con unas indemnizaciones reconocidas que ascienden a 1.514 millones de euros, y "sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales".
La gran mayoría de los arbitrajes de renovables entre inversores internacionales y España se remontan a los recortes a las primas adoptados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
El Gobierno aprobó medidas compensatorias en 2019 que frenaron las reclamaciones y consiguieron que las indemnizaciones reconocidas por los árbitros fueran menores.
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