(Bloomberg) -- La administración del presidente Donald Trump insiste en que sus aranceles se mantendrán, de una forma u otra.
La Casa Blanca pasó el jueves evaluando las consecuencias de dos sentencias que suspendieron la mayor parte de sus aranceles, impuestos bajo una autoridad de emergencia que, según los tribunales, Trump utilizó de forma excesiva. Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión para escuchar los argumentos, aunque en última instancia podría respaldar la sentencia original y bloquear la política arancelaria de Trump.
Aunque Trump ha prometido recurrir hasta el Tribunal Supremo si es necesario, el mensaje de sus principales asesores ha sido que no se le negará al presidente su impulso arancelario y que, si es necesario, simplemente recurrirá a otras autoridades.
“No hay un plan B. Es el plan A”, dijo el jueves a los periodistas Peter Navarro, uno de los asesores comerciales más beligerantes de Trump. “El plan A abarca todas las opciones estratégicas”.
Entre las posibles alternativas se encuentran las facultades de las secciones 232 y 301, que Trump ha utilizado anteriormente, o las facultades previstas en la sección 122, que son considerablemente más restringidas. También podría solicitar la aprobación del Congreso, aunque esa opción sería laboriosa y consumiría un tiempo valioso en el Senado, que prioriza otros asuntos como los nombramientos judiciales y la tramitación de la “gran y hermosa” reforma fiscal.
Trump impuso aranceles de gran alcance a casi todos los países utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA por sus siglas en inglés, eje de la histórica sentencia emitida el miércoles por el tribunal de comercio. El uso de la IEEPA funcionó como un atajo que permitió a Trump declarar una emergencia nacional y asumir autoridad arancelaria, la cual historicamente ha estado en el Congreso.
“Quería utilizar los amplios poderes de la IEEPA”, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en una entrevista con Fox News emitida el jueves por la noche. “Ahora tiene muchas otras leyes y facultades que puede utilizar, y las utilizará si es necesario, pero en este momento le gusta la autoridad amplia porque le permite lidiar con todos los que nos tratan injustamente”.
Si las apelaciones de Trump fracasan, podría verse obligado a recurrir a otras facultades para restablecer sus aranceles del “Día de la Liberación”, incluidos los que se suspendieron al 10% a la espera de negociaciones antes de la fecha límite de julio. También se derogaron los aranceles relacionados con el fentanilo.
La sección 122 permitiría al presidente imponer aranceles del 15%, superiores a la tasa del 10% suspendida, pero muy por debajo de las tasas de hasta el 50% que Trump anunció inicialmente, y solo por un máximo de 150 días.
Navarro reconoció el jueves que esta opción estaba siendo considerada, aunque no pareció mostrar entusiasmo. “La sección 122 solo te da 150 días”, dijo en una entrevista con Bloomberg Television. “Ahí tienes tu respuesta”. The Wall Street Journal informó el jueves por la noche que esa opción seguía sobre la mesa.
Trump ya ha utilizado los poderes de la sección 232 para imponer aranceles al acero, el aluminio y los automóviles, todos basados en investigaciones anteriores a su actual mandato. También ha iniciado nuevas investigaciones con la misma autoridad para evaluar la imposición de aranceles sobre semiconductores, medicamentos, cobre y otros productos electrónicos de consumo.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó los poderes de la sección 232 como advertencia para las naciones que podrían interpretar el fallo judicial como una ventaja.
“Estos otros países también deben saber, y lo saben, que el presidente se reserva otras facultades arancelarias, como la sección 232, para garantizar que se restablezcan los intereses de EE.UU. en todo el mundo”, afirmó.
Cuando se le preguntó si eso implicaría iniciar nuevas investigaciones bajo la sección 232 o acelerar las existentes, Leavitt fue evasiva. “Simplemente estoy afirmando el hecho de que el presidente tiene otras facultades legales que puede utilizar para aplicar aranceles, y la administración está dispuesta a utilizarlas”, dijo.
Leavitt también instó al Tribunal Supremo a apoyar a la administración y consolidar los amplios poderes conferidos por la IEEPA, acusando a los tribunales de extralimitarse. “El Tribunal Supremo debe poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución y de nuestro país”, afirmó.
Navarro también mencionó los poderes de la sección 301, ya utilizados contra China, que requieren investigaciones detalladas como las de la sección 232, y los poderes de la sección 338. Esta última, parte de una ley de 1930, permite imponer aranceles de hasta el 50% a países que discriminen a EE.UU., aunque nunca se ha aplicado, según el Servicio de Investigación del Congreso.
Una alternativa que Trump ha mencionado públicamente, pero aún no ha adoptado, es enviar su plan arancelario al Congreso. Sin una mayoría sólida en el Senado, esta ruta implica un alto riesgo para su agenda comercial.
“La horrible decisión establecía que tendría que obtener la aprobación del Congreso para estos aranceles”, escribió Trump en una publicación en Truth Social el jueves por la noche. “En otras palabras, cientos de políticos se sentarían en Washington durante semanas, e incluso meses, tratando de llegar a una conclusión sobre qué cobrar a otros países que nos tratan injustamente”.
Mientras continúan los litigios, Navarro señaló que la Casa Blanca podría anunciar sus próximos pasos en breve, y que el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, detallará la respuesta oficial a las recientes sentencias “en uno o dos días”.
Nota Original: Trump’s Tariff Options Slower, More Complex If Court Fight Fails
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--Con la colaboración de Annmarie Hordern y Jonathan Ferro.
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