La jueza de la Audiencia Nacional que investiga a una presunta trama que robó y vendió datos de organismos públicos y privados ha acordado enviar a prisión este jueves al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al hacker José Luis Huertas 'Alcasec' hasta que queden aseguradas las bases de datos a las que presuntamente habría accedido la trama.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que Martínez ha declarado durante 30 minutos a la jueza, la fiscal y a su abogado negando que se enriqueciera de la venta de datos y explicando que únicamente prestó asesoramiento legal.
Martínez fue detenido este martes junto al hacker José Luis Huertas 'Alcasec', al youtuber Álvaro Martín --arrestado en Andorra-- y a Adrián Molina en una operación coordinada por la Audiencia Nacional.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, la Policía Nacional informó este miércoles de que la 'Operación Borraska' se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.
"La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales", apuntaban los agentes en la nota.
"SERVICIOS PERSONALIZADOS DE CONSULTA"
Esta capacidad, añadían, "les permitía elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social".
Toda la operativa, sostiene la Policía, "estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad". Los investigadores aseguran que "la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas".
Entre las mismas se encontraban la administración tecnológica, el desarrollo de herramientas de anonimato, la gestión financiera a través de criptoactivos, el asesoramiento jurídico, la expansión internacional y la comercialización en mercados oscuros.
"Uno de los miembros desempeñaba un rol clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a terceros países mediante contactos profesionales consolidados", añadía la nota.
EL SUPUESTO ROL DE FRANCISCO MARTÍNEZ
La red habría instrumentalizado "sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de consultoría que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales".
Fuentes de la defensa de Francisco Martínez indicaron a Europa Press que fue abogado de 'Alcasec' cuando este era menor de edad. En concreto, el que fuera 'número dos' de Interior habría constituido dos sociedades para el hacker a cambio de 1.500 euros.
En esta línea, apuntaban que el papel de Martínez únicamente se habría limitado a la constitución de esas sociedades, que supuestamente no habría administrado ni gestionado. Tampoco se habría ocupado de la contabilidad.
Las citadas fuentes señalaron que los agentes estuvieron registrando su casa desde las 6.30 horas del martes hasta las 19.00 horas del mismo día. Al final del martes, se desplazaron hasta su despacho, practicando registros en su oficina.
Según la Policía Nacional, "uno de los logros más importantes de esta operación ha sido la intervención y recuperación de la infraestructura tecnológica de la red". "A pesar del uso de identidades falsas, criptomonedas, cifrado extremo y rutas anónimas de acceso, los investigadores consiguieron identificar y desmantelar los servidores principales, así como recuperar las bases de datos alojadas en la nube", añade.
LOS DELITOS QUE SE INVESTIGAN
La Policía detalla que la operación ha contado con la participación del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Policía de Andorra.
Además, también han colaborado la autoridad judicial de Andorra, la magistrada de Enlace en Suiza, la Oficina Federal de Justicia y la Policía Judicial-SATI del cantón de Ticino, todos ellos países igualmente afectados por la actividad de esta red.
En el marco de la causa, la jueza investiga delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, particularmente allanamiento o intrusismo en un sistema informático así como apoderamiento y cesión de datos reservados.
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