Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado este miércoles suspender la mayor parte de los aranceles globales del presidente, Donald Trump, al considerar que se extralimitó en sus funciones cuando adoptó esta medida --que ha declarado "ilegal"-- a principios de abril saltándose el Congreso, un fallo que afecta asimismo a los gravámenes aplicados a China, México y Canadá para combatir la entrada de fentanilo y la llegada de migrantes al país.
El Tribunal de Comercio Internacional estadounidense ha mandado paralizar los aranceles del 30% sobre el gigante asiático, los gravámenes del 25% sobre algunos bienes procedentes de México y Canadá, además de los aranceles globales del 10%. Estos últimos se estaban aplicando, por ejemplo, a los productos de la Unión Europea.
"Todo el sistema de aranceles del Día de la Liberación y otros aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) es ilegal y está prohibido por una orden judicial permanente", recoge el escrito, que también lo considera "inconstitucional" al eludir su paso por el Congreso.
La corte ha tomado esta decisión alegando que "no interpreta que la IEEPA --de la que se ha valido Trump para justificar su política arancelaria-- confiera tal autoridad ilimitada y deja sin efecto las tarifas impugnadas impuestas en virtud de ella".
Esto explica que la suspensión no afecte a las tasas del 25% sobre automóviles, acero y aluminio, al estar sujetos a la Ley de Expansión Comercial.
El tribunal ha fallado a favor de una medida cautelar permanente, lo que podría congelar los aranceles globales, antes incluso de que Washington llegue a algún acuerdo con países afectados.
Así, ha ordenado un plazo de diez días naturales para que las órdenes administrativas "hagan efectiva la medida cautelar permanente", según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN. Esto significa que la mayor parte de los gravámenes quedarían paralizados si el fallo se mantiene en apelación y llega hasta el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora.
El fallo fue escrito por un panel de tres jueces de este tribunal --designados por los expresidentes Ronald Reagan, Barack Obama y el actual inquilino de la Casa Blanca en su primer mandato-- en respuesta a una demanda del centro independiente Liberty Justice Center en representación de cinco empresas que alegaban haber sido gravemente perjudicadas por los aranceles del mandatario republicano.
La Casa Blanca ha asegurado que recurrirá la sentencia defendiendo la necesidad de los gravámenes porque los déficit comerciales de Estados Unidos con otros países han "creado una emergencia nacional que ha diezmado las comunidades estadounidenses", según ha señalado el portavoz Kush Desai.
"No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. El presidente Trump se comprometió a priorizar a Estados Unidos, y la Administración está comprometida a utilizar todos los recursos del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense", ha agregado en un comunicado recogido por la CNN.
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