Un grupo de 17 Estados miembro de la UE, entre los que está España, han publicado una declaración conjunta en la que afean al Gobierno de Viktor Orbán las medidas anti LGTBIQ+ que se han adoptado en los últimos meses en Hungría y le piden que las revise ya que consideran que no respetan los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
"Estamos profundamente preocupados por las recientes enmiendas legislativas y constitucionales que infringen los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ+ que fueron adoptadas por el Parlamento húngaro el 18 de marzo y el 14 de abril de 2025 tras otra legislación aprobada en años anteriores", manifiestan los países firmantes.
A juicio de los países firmantes, entre los que están Francia y Alemania, estos cambios "son contrarios a los valores fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el respeto por los Derechos Humanos".
Así las cosas, recuerdan que "el respeto y la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, incluidas las LGTBIQ+, es una parte inherente de formar parte de la familia europea".
Por todo ello, los firmantes piden a "Hungría que revise estas medidas, garantice que los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos sus ciudadanos son respetados y protegidos, cumpliendo así con sus obligaciones internacionales".
"Compartimos la preocupación expresada por la Comisión Europea al respecto y pedimos a la Comisión que haga pleno uso de forma expedita de las herramientas de Estado de derecho a su disposición en caso de que estas medidas no sean revisadas", concluyen.
La declaración la firman España, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia y se produce coincidiendo con el debate sobre la deriva de Hungría previsto en el consejo de Asuntos Generales en base al artículo 7 del tratado.
La primera versión publicada por el Gobierno sueco no incluía a España entre los firmantes, si bien posteriormente fuentes del Gobierno español han aclarado que Madrid sí figura entre los signatarios, tras lo que se ha compartido una versión actualizada en la que sí aparece España.
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