Ciudad de Panamá, 25 may (EFE).- Los empresarios de Panamá lamentaron este domingo la situación de la industria bananera después de que Chiquita despidiera a casi 5.000 trabajadores en huelga, declarada ilegal por el Gobierno, y consideran que el sindicato que la impulsó se usa con fines políticos.
"Lo que está pasando en Changuinola (Bocas del Toro) no se trata simplemente de que 'no quieren razonar'. Aquí hay algo mucho más serio: se está usando al sindicato para hacer política, dejando a un lado lo que de verdad importa -el bienestar de los trabajadores-, y saltándose lo que dice la ley y la propia convención colectiva", señala la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Los empresarios, en su comunicado dominical, consideran que "se olvidaron de que en toda relación laboral hay derechos, pero también hay deberes".
"Los sindicatos tenían un camino claro para convocar a una huelga. Estaba escrito en la convención colectiva y en el Código de Trabajo. No lo siguieron. Por eso, la huelga fue declarada ilegal. Y, aun así, decidieron seguir adelante: mantuvieron la paralización, bloquearon vías y, en la práctica, secuestraron a toda una comunidad. Y eso, más allá de lo legal, tiene consecuencias humanas y económicas que hoy ya están golpeando fuerte", agrega el escrito.
Esta semana, la bananera Chiquita Panamá anunció el despido de casi 5.000 trabajadores en huelga en la provincia caribeña de Bocas del Toro tras un frustrado diálogo entre el Gobierno y el sindicato y después de alertar que el "abandono total" de las fincas provocó pérdidas por valor de 75 millones de dólares y "daños irreversibles en la producción".
Un día después de eso, el Gobierno de Costa Rica celebraba el regreso de la empresa como cliente de un puerto estatal en el Caribe, tras la llegada de un buque que transporta carga de importación y exportación. La bananera ya había sido cliente de ese muelle en años anteriores.
El sector bananero de Bocas del Toro se sumó a una huelga docente y obrera que inició hace más de un mes en contra de varias iniciativas del Gobierno de José Raúl Mulino, pero en especial rechazan una ley que reforma la Seguridad Social.
En estas semanas, se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y la Policía: los grupos han protestado cerrando algunas de las principales vías del país, incluido la capital, y ante ello la Policía ha respondido con gases lacrimógenos para reabrirlas.
Pero la situación más grave se registraba en esa provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica y dependiente económicamente tanto del sector turismo como del bananero, con fuertes bloqueos en las carreteras.
El gremio empresarial advierte que la situación en Bocas del Toro no es "nueva" al compararla con la pequeña ciudad de Puerto Armuelles, en la vecina provincia de Chiriquí, una zona de crecimiento económico en el siglo pasado gracias al empuje de la industria bananera pero que tras su marcha quedó sumida en el "abandono".
"Lo peor es que ya pasamos por esto. No es una película nueva. Ya la vimos -y la sufrimos- en Puerto Armuelles", señala el comunicado.
La desaparición del sector bananero sumió en graves problemas económicos y sociales a Chiriquí, que en el siglo XX llegó a convertir el banano en el producto estrella del país con exportaciones de hasta más de 1 millón de cajas anuales y 11.000 trabajadores en su momento de mayor apogeo.
"Puerto Armuelles fue, durante gran parte del Siglo XX, un ejemplo de crecimiento y oportunidades. Su economía giraba alrededor del banano. Había empleo, había movimiento, había esperanza. Pero todo se vino abajo cuando, entre otras cosas, se rompieron los canales de entendimiento", apuntan los empresarios.
Y agregan: "¿El resultado? La empresa se fue, los empleos desaparecieron, y un pueblo que pasó de ser un pueblo próspero a un pueblo fantasma abandonado por la decidía e intransigencia".
Por ello, hicieron "llamado claro y sin rodeos" a no permitir "que la politiquería cierre las puertas al progreso" y pidieron "abrir los ojos, escuchar y pensar" en el "futuro que queremos dejarle" al país y futuras generaciones.EFE
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