Kampala, 20 may (EFE).- El Parlamento de Uganda aprobó este martes una controvertida enmienda legal que otorga a los tribunales militares la facultad de juzgar a civiles en determinadas circunstancias, lo que desafía un fallo del Tribunal Supremo emitido a finales de enero que declaró inconstitucional esa práctica.
La nueva legislación permite que las cortes marciales procesen a civiles por delitos graves como traición, asesinato, terrorismo o posesión de armas restringidas, especialmente si se considera que colaboraron con personal militar en la comisión de dichos actos.
"La ley actuará con firmeza contra los criminales violentos armados, disuadirá la formación de grupos políticos militantes que buscan subvertir los procesos democráticos y garantizará que la seguridad nacional tenga una base sólida", argumentó el portavoz del Ejército ugandés, Chris Magezi, en la red social X.
El Tribunal Supremo había dictaminado que juzgar a civiles en tribunales militares es “erróneo” y contrario a la Constitución, al considerar que estos órganos carecen de independencia e imparcialidad, dado que obtienen su autoridad del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.
En su fallo, la Corte ordenó el cese inmediato de todos los procesos en curso contra civiles ante tribunales militares.
Entre los afectados por la sentencia figuró el histórico líder opositor Kizza Besigye, cuyo caso -inicialmente instruido por un tribunal militar y por delitos que podrían conllevar la pena de muerte- fue trasladado a la justicia civil.
Besigye está acusado de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a países como Suiza, Grecia y Kenia para mantener reuniones sobre esos planes, aunque tanto sus abogados como sus familiares rechazan los cargos y aseguran que se trata de un caso de persecución política.
La aprobación de la nueva ley generó una fuerte oposición entre parlamentarios críticos, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, que advirtieron que esta herramienta legal podría ser usada para reprimir a la disidencia política.
Según recogen medios locales, el líder de la oposición en el Parlamento, Joel Ssenyonyi, calificó la medida de “draconiana” y encabezó una retirada simbólica del pleno en señal de protesta.
“Esto es un intento de legitimar lo ilegítimo”, denunció Ssenyonyi, y anunció que la oposición planea impugnar la ley ante los tribunales.
El texto legal deberá ahora ser ratificado por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, para entrar en vigor, aunque este paso se considera una formalidad, dada la postura históricamente favorable del mandatario hacia la jurisdicción militar en asuntos de seguridad.
Museveni, de 80 años, es presidente de Uganda desde 1986 y fue reelegido en enero de 2021 tras un período electoral caracterizado por la desaparición de centenares de simpatizantes de la oposición, protestas dispersadas con munición por las fuerzas de seguridad y al menos 54 manifestantes muertos. EFE
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