Arranca el concurso de acreedores de Telefónica del Perú

Telefónica del Perú inicia concurso de acreedores tras pérdidas de 3.391,59 millones de soles, buscando reestructuración financiera y enfrentando deudas acumuladas de aproximadamente 1.240 millones de euros

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú ha informado este lunes del comienzo del procedimiento concursal solicitado por Telefónica del Perú, la hasta hace poco filial de Telefónica en el país pero que ya no forma parte del grupo español tras ser adquirida el pasado 13 de abril por la firma argentina Integra Tec International por un importe cercano a los 900.000 euros.

"La Comisión de Procedimientos Concursales declaró el inicio del procedimiento concursal ordinario de Telefónica del Perú (...), de acuerdo con la solicitud presentada por la referida empresa el pasado 24 de febrero de 2025", ha detallado el organismo en un comunicado.

El comienzo del procedimiento ya ha sido publicado en el Boletín Concursal del Indecopi, por lo que los acreedores de Telefónica del Perú ya pueden presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos ante la Comisión de Procedimientos Concursales, para lo cual disponen de un plazo máximo de 30 días hábiles.

El Indecopi también ha informado de que Telefónica del Perú desistió de la posibilidad de iniciar un procedimiento concursal preventivo, lo cual ha sido aceptado.

Telefónica del Perú solicitó de manera voluntaria entrar en concurso de acreedores el pasado 14 de febrero tras registrar unas pérdidas netas de 3.391,59 millones de soles peruanos (unos 872,4 millones de euros) en 2024, lo que supuso un incremento interanual de sus 'números rojos' del 452,83% (5,5 veces más) que los 613,48 millones de soles (157,8 millones de euros) del año anterior.

La entonces filial peruana de Telefónica solicitó el concurso de acreedores para abordar su reestructuración financiera y la de sus operaciones y achacó la decisión, sobre todo, a la situación financiera y administrativa que atraviesa desde hace dos décadas, debido a sus controversias con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en el país, que le solicita en torno a 800 millones de euros.

En este contexto, a cierre de 2024 la compañía registraba una deuda cercana a los 1.240 millones de euros.

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