Lima, 16 may (EFE).- La Fiscalía de Perú presentó este viernes una denuncia constitucional contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exministro Juan Santiváñez, por presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre con el que la mandataria llegó al Ejecutivo del país andino.
La denuncia presentada ante el Congreso responde a los delitos de encubrimiento personal para Boluarte, en su condición de presidenta de la República, y de omisión de denuncia para Santiváñez, en su actuación como ministro del Interior, cargo que ostentó entre mayo del 2024 y marzo de 2025.
Actualmente, Santiváñez es jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del despacho de Boluarte.
El Ministerio Público explicó que los hechos están vinculados a que Boluarte habría facilitado la fuga de Cerrón, sentenciado por corrupción cuando fue gobernador regional, a bordo del vehículo oficial denominado "el cofre", el cual está eximido de intervenciones policiales.
La Fiscalía detalló, en su cuenta de la red social X, que la investigada habría ordenado que el vehículo oficial se dirigiera al condominio Asia del Sur, ubicado en el distrito de Asia y provincia de Cañete, al sur de Lima, donde se desarrollaban acciones policiales de control de identidad personal y vehicular con la finalidad de ubicar y capturar al prófugo.
La institución añadió que Santiváñez debió comunicar a la autoridad competente este presunto encubrimiento por parte de la presidenta de la República.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso.
Esta denuncia es la cuarta presentada por la Fiscalía en las últimas horas contra Boluarte, pues entre ayer, jueves, y hoy, el Ministerio Público presentó ante el Parlamento las denuncias constitucionales por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, por el caso de los relojes Rolex y otras joyas no declaradas, así como por el supuesto incremento del patrimonio de la mandataria.
Igualmente, otra denuncia fue referida por el presunto delito de colusión agravada, al haber concertado con un amigo para que fuera contratado por el Estado cuando era ministra del expresidente Pedro Castillo, y una más como presunta autora de los delitos de lesiones graves y leves de los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzos de 2023. EFE
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