Ciudad de Panamá, 15 may (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que la negociación de su Gobierno con el sindicato bananero, en huelga en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente, es un "esfuerzo por salvar 7.300 empleos" directos del sector ante la posibilidad cierta de que la transnacional Chiquita cese su actividad en el país.
La huelga del sindicato bananero incluye cierres de carreteras que han prácticamente aislado a la provincia oriental de Bocas del Toro y afectado principalmente el área de Changuinola, donde Chiquita Panamá mantiene 26 fincas productivas, 21 propias y 5 independientes, según datos oficiales facilitados a EFE.
La transnacional ya anunció que cerrará definitivamente una finca y un área adyacente equivalente a otras dos, así como una planta de empacado, tras aseverar que registra pérdidas de al menos 10 millones de dólares y de espacios en los mercados internacionales a causa de la huelga, que se ha prolongado por dos semanas.
En ese contexto, Mulino dijo este jueves que no ha ordenado a la fuerza pública "abrir Changuinola (...) para tratar de rescatar esa mesa de conversaciones" entablada esta semana con el liderazgo del sindicato "y salvar 7.300 plazas de trabajo" directo que genera la transnacional.
"Pareciera que no entienden que se van a quedar sin empleo para siempre, porque no va a haber más compañía bananera en Bocas", donde Chiquita ha dicho que es la principal fuente de empleo, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.
En la misma conferencia, el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, aseguró que el cierre de una parte de la producción anunciado por Chiquita dejará cesantes a más de 500 trabajadores, y que un eventual cese total de operaciones afectaría no solo los 7.300 empleos directos sino a unos 20.000 indirectos.
Moltó, la ministra del Trabajo, Jackeline Muñoz, y el director de la Caja del Seguro Social, Dimo Mon, sostuvieron esta semana unas conversaciones con los líderes del sindicato bananero Sitraiban para explicarles que la reforma de la seguridad social no afecta los beneficios que goza este sector, y les propusieron una serie de acciones en materia de salud ocupacional que están siendo consultadas ahora con la bases sindicales, según informaron los funcionarios.
El sindicato bananero y el de la construcción, Suntracs, se unieron a la huelga indefinida declarada el 23 de abril por los sindicatos izquierdistas de docentes del sector público en rechazo a la reforma a la seguridad social y a otras iniciativas del Gobierno de Mulino.
El presidente sostiene que los argumentos de los sindicalistas contra la reforma son falsos, puesto que no se elevó la edad de jubilación, no se desmejoró las pensiones ni se privatiza el sistema. EFE
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