Los Ángeles (EE.UU.), 2 may (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. inició una batalla legal contra Illinois por una ley de privacidad laboral que, según argumenta el Gobierno Trump, obstaculiza la autoridad federal para la verificación del estatus migratorio de los solicitantes de empleo.
La demanda contra la medida SB0558 asegura que las enmiendas imponen normas confusas durante el proceso de verificación migratoria y amenaza a los empleadores con sanciones si no las cumplen.
La Fiscalía argumenta que la ley desalienta y dificulta el uso de E-Verify, un programa que no es obligatorio y que permite a cualquier empleador estadounidense confirmar electrónicamente la autorización de empleo de los trabajadores.
"Cualquier estado que incentive la inmigración ilegal y dificulte el trabajo de las autoridades federales enfrentará consecuencias legales por parte de esta Administración", declaró la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado de prensa sobre la demanda.
E-Verify compara electrónicamente la información proporcionada por el empleado con los registros disponibles en el Seguro Social, que determina la autorización de empleo, y las bases de datos del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS).
Si los registros no coinciden se notifica al empleador e insta al trabajador a confirmar su elegibilidad, de no lograrlo no es aceptable para ser contratado.
Las enmiendas de la SB0558, que entraron en vigencia este año, especifican los derechos de los trabajadores cuando sus casos son sometidos al programa E-Verify. Por ejemplo, prohíbe a los empleadores imponer requisitos de autorización de trabajo más allá de lo que exige la ley federal.
La ley también obliga a los empleadores que encuentran discrepancias en la información de verificación de empleo de un trabajador a proporcionar notificaciones a este, explicar las deficiencias encontradas e instruirlo cómo corregir las supuestas deficiencias si la ley lo exige.
La querella legal nombra al Departamento de Trabajo de Illinois, a su directora Jane Flanagan y al fiscal General de Illinois, Kwame Raoul. EFE
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