Hungría incumple las normas europeas de inmigración y limita derechos a comunidad LGBTQI

Budapest, 29 abr (EFE).- El Gobierno húngaro, dirigido por el ultranacionalista Viktor Orbán, sigue sin cumplir las normas europeas en materia de migración y ha promovido legislaciones que limitan aún más la libertad de expresión de la comunidad LGTBQI+, señala Amnistía Internacional en su informe anual, publicado este martes.

"En junio (de 2024) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso una multa a Hungría por eludir deliberadamente la aplicación de las políticas comunes migratorias de la UE, al no permitir que las personas soliciten asilo en las fronteras", denuncia AI en su informe.

La legislación húngara permiten la "devolución en caliente" de los refugiados e inmigrantes, una práctica prohibida, según asegura esta ONG de derechos humanos.

La organización subraya que Hungría fue condenada a pagar una multa de 200 millones de euros y otra de un millón de euros por cada día de retraso en la aplicación de la sentencia.

El Gobierno húngaro se ha negado a pagar al considerar que la sanción es injusta, y la prensa local ha informado recientemente de que el país acumula ya un deuda de 500 millones de euros.

La Unión Europea ha deducido ya por este motivo 200 millones de los fondos comunitarios que Hungría recibe.

En otro orden de cosas, el informe de Amnistía Internacional recuerda que, a pesar de que la protección temporal de los refugiados que huyen de Ucrania por el ataque ruso se ha prolongado, el Gobierno húngaro ha restringido el acceso a subsidios de vivienda.

De esta manera "solo las mujeres embarazadas, los niños, las personas con discapacidades y los mayores de 65 años que huyen de 'zonas de combate activo'" serían elegibles para recibir ese apoyo.

"Aproximadamente 3.000 personas perdieron sus hogares como resultado de estos cambios. La mayoría eran mujeres con niños pequeños, muchas de ellas gitanas", subraya el informe.

En lo que se refiere a los derechos de la comunidad LGTBQI+, Amnistía Internacional asegura que el Gobierno de Orbán continúa aplicado "su campaña anti-LGTBQI".

La ley de 2021 de "defensa de los menores", criticada por homófoba al relacionar la homosexualidad con la pederastia, determinó la prohibición de hablar de homosexualidad o de cambio de sexo en presencia de menores, tanto en los colegios como en los medios de comunicación.

"La ley sigue teniendo efectos de gran alcance sobre personas y grupos LGTBI, consolidando estereotipos negativos y actitudes discriminatorias, así como restringiendo el derecho de expresión", añade el informe.

Amnistía Internacional menciona a Hungría, junto a países como Rusia, Costa de Marfil, Etiopía, Georgia, Kirguistán, Nicaragua, Paraguay, Uganda o Venezuela, como lugares donde "se adoptaron nuevas medidas para restringir la libertad de asociación".

El informe añade que una nueva entidad, la Oficina de Protección de la Soberanía Nacional, investiga, estigmatiza e intimida a quienes critican a las autoridades.

Esta oficina inició investigaciones contra ONG, como Transparencia Internacional Hungría, y el medio de investigación Direkt36.

El documento de AI, al tratarse sobre el año 2024, no lo menciona, pero el Gobierno ha promovido enmiendas legales y constitucionales que limitan el derecho de reunión en el país y con las que las autoridades prohíben la Marcha del Orgullo LGTBQI+, que se suele celebrar en junio.

Estas enmiendas aluden a la polémica ley homófoba al vetar las reuniones que publiciten o hablen de la homosexualidad para proteger el "adecuado" desarrollo de los niños.

El informe de AI también llama la atención sobre "las inhumanas condiciones" en las cárceles del país y calificó de "bajo" el rendimiento de Hungría en el ámbito de la lucha contra el cambio climático.EFE