El Tribunal Supremo de Brasil ha imputado este martes por unanimidad a seis personas vinculadas al Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro por su supuesta participación en el intento de golpe de Estado contra el mandatario actual, Luiz Inácio Lula da Silva, tras los ataques a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023.
Seis personas cercanas al líder ultraderechista han sido imputadas de los siguientes cinco delitos: participación en organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daños causados por violencia y grave amenaza y deterioro del patrimonio inmueble.
Se trata de Filipe Martins y Marcelo Câmara, ambos exasesores de Bolsonaro, además del que fuera director de la Policía Federal de Carreteras durante el mandato del político de extrema derecha, Silvinei Vasques; el general de la reserva Mário Fernandes; la exdirectora de Inteligencia Marília de Alencar; y el exjefe de operaciones del Ministerio de Justicia Fernando de Sousa Oliveira.
Los seis se enfrentarán a partir de ahora a un proceso penal por los anteriores cargos, gracias a los votos de los cinco magistrados del Supremo que han aceptado a trámite la acusación presentada por la Fiscalía brasileña que considera que éstos participaron en la elaboración del acta del golpe, en alusión al documento en el que justifican la declaración del estado de sitio y la operación del Ejército, así como en el plan para matar a Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin, y al juez Alexandre de Moraes, y las acciones de la Policía para obstaculizar la circulación de votantes en las carreteras del noreste durante las elecciones presidenciales de 2022.
De Moraes ha señalado en su escrito que "cada uno de los acusados tendrá a su disposición todos los recursos penales para demostrar su inocencia, pero no es posible negar que el 8 de enero de 2023 hubo un intento de golpe de Estado".
Hasta el momento, 14 personas han sido imputadas por este caso, si bien se espera que este número aumente dado que aún queda por analizar las denuncias contra dos de los cinco grupos en que fueron divididas las 33 personas afectadas por la causa.
Entre los imputados se encuentra el propio Bolsonaro, a quien el juez y relator del caso ha señalado porque él mismo "en rueda de prensa, declaró que recibió el borrador del golpe, lo gestionó y lo analizó porque iba a considerar si declarar el estado de sitio o de defensa". "Ya no cabe duda de que este borrador pasó de mano en mano, llegando al presidente de la República", ha agregado en un texto difundido en la página web del organismo judicial.
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