Washington, 15 mar (EFE).- La Ley de Enemigos Extranjeros, que el mandatario estadounidense -Donald Trump- invocó este sábado para acelerar las deportaciones contra miembros de la banda transnacional Tren de Aragua, es una normativa que se remonta a 1798 y que varias organizaciones humanitarias consideran un abuso de poder.
El centro de pensamiento Brennan estipula que la ley en mención es un recurso de autoridad que, en tiempos de guerra, permite al presidente detener o deportar a los nativos y ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y basándose únicamente en su ciudadanía o país de procedencia.
Aunque la Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra, en el caso de hoy y para el que fue invocada podría utilizarse contra inmigrantes que no han cometido ningún delito, no han mostrado signos de deslealtad y se encuentran legalmente en Estados Unidos.
Según el Centro Brennan, se trata de un recurso de autoridad demasiado amplio que puede violar derechos constitucionales en tiempos de guerra y de abuso en tiempos de paz.
Trump recurrió este sábado a la ley mencionada al considerar que en su orden ejecutiva el Tren de Aragua, banda criminal que surgió en cárceles venezolanas, "está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio".
Al invocar este recurso, todos los venezolanos mayores de 14 años que se consideren integrantes de esta organización, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
Esa ley no había sido invocada desde la II Guerra Mundial (1939-1945) y en toda la historia del país solo se ha aplicado en tres ocasiones, todas ellas en tiempos bélicos: durante la guerra de 1812 y en las dos contiendas mundiales.
Durante la II Guerra Mundial en concreto, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), el recurso legal jugó un papel esencial para el encarcelamiento masivo de estadounidenses de origen japonés.
El anuncio de su invocación este sábado llegó poco después de que un juez federal estadounidense prohibiera preventivamente a su gobierno deportar de manera acelerada a cinco ciudadanos venezolanos bajo dicha normativa tras una demanda presentada por Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Esa normativa está pensada en caso de que Estados Unidos esté en guerra con otro país o si una nación extranjera invade Estados Unidos o amenaza con hacerlo.
Aunque la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la facultad de declarar la guerra y este último debe esperar a una votación parlamentaria para invocar dicha ley con base en un conflicto bélico formalmente declarado, no necesita dicho trámite ante "una amenaza o una invasión en curso".
El instituto no partidista Center for American Progress (CAP) denunció este sábado que la invocación de este recurso constituye "un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales".
"Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos", afirmó el CAP en un comunicado.
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