Washington, 15 mar (EFE).- La Ley de Enemigos Extranjeros que el mandatario estadounidense, Donald Trump, invocó este sábado para acelerar las deportaciones contra miembros de la banda venezolana Tren de Aragua es una normativa que se remonta a 1789 y que las organizaciones humanitarias consideran un abuso de poder.
El centro de pensamiento Brennan estipula que es una autoridad que en tiempos de guerra permite al presidente detener o deportar a los nativos y ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y basándose únicamente en su país de nacimiento o ciudadanía.
Aunque fue promulgada para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros en tiempos de guerra, puede utilizarse y se ha utilizado contra inmigrantes que no han cometido ningún delito, no han mostrado signos de deslealtad y se encuentran legalmente en Estados Unidos.
Según el Centro Brennan, se trata de una autoridad demasiado amplia que puede violar derechos constitucionales en tiempos de guerra y que está sujeta a abusos en tiempos de paz.
Trump recurrió a ella este sábado al considerar que en su orden ejecutiva que el Tren de Aragua "está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio".
Todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan al mismo, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
Esa ley no había sido invocada desde la II Guerra Mundial (1939-1945) y en toda la historia del país solo se ha aplicado en tres ocasiones, todas ellas en tiempos bélicos: durante la guerra de 1812 y en las dos contiendas mundiales.
Durante la II Guerra Mundial en concreto, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), jugó un papel en el encarcelamiento masivo de estadounidenses de origen japonés.
El anuncio de su invocación este sábado llegó poco después de que un juez federal prohibiera preventivamente a su gobierno deportar de manera acelerada a cinco ciudadanos venezolanos bajo dicha normativa tras una demanda presentada por Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Esa normativa está pensada en caso de que Estados Unidos esté en guerra con otro país o si una nación extranjera invade Estados Unidos o amenaza con hacerlo.
Aunque la Constitución otorga al Congreso, no al mandatario, la facultad de declarar la guerra y este último debe esperar a una votación parlamentaria para invocar dicha ley en base a una guerra formalmente ya declarada, no necesita dicho trámite ante "una amenaza o una invasión en curso".
El instituto no partidista Center for American Progress (CAP) denunció este sábado que constituye "un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales".
"Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente se esté otorgando poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos", advirtió en un comunicado. EFE
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