San Salvador, 13 mar (EFE).- Representantes de una decena de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil denunciaron este jueves un "aumento" de la "persecución" y "criminalización" contra defensores en El Salvador, por lo que también expresaron su preocupación y solicitaron "vigilancia" a la comunidad internacional.
"Estamos sentando un posicionamiento ante la grave situación, en cuanto al incremento a la persecución y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país", dijo en una rueda de prensa el abogado Alejandro Díaz, de la organización Tutela Legal "María Julia Hernández".
Díaz aseguró que a los defensores de derechos humanos "nos preocupa esta situación alarmante" y "vemos que ha incrementado el mecanismo de control, el mecanismo de régimen de excepción para perseguir a las organizaciones y para manipular la información en contra de las organizaciones".
El Salvador se encuentra desde ya casi tres años en estado de régimen de excepción, implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas que ha dejado miles de detenciones, muchas de ellas arbitrarias, según las ONG.
Entre tanto, Ovidio Mauricio, también de Tutela Legal, expuso que "desde el inicio de la Administración del presidente Nayib Bukele, en 2019, y hasta la fecha se ha observado un incremento de intolerancia hacia las voces diversas que se posicionan de forma crítica a su mandato"
"Lo anterior se ha materializado con acciones como acoso sistemático por parte de funcionarios en redes sociales, acoso tributario y administrativo, allanamientos y en ultimas instancias detenciones arbitrarias sin ninguna garantía judicial o de debido proceso", denunció Mauricio.
Además, apuntó que durante los últimos meses "se ha observado un incremento de agresiones contra la labor de defensa de derechos humanos".
Amplió, a manera de ejemplo, que "la Policía ha allanado la casa de habitación de una periodista comunitaria y el órgano Judicial ha ordenado que se repita el juicio contra los defensores del medioambiente de Santa Marta (localidad) y ha allanado el local de una organización que brinda apoyo a víctimas de régimen de excepción".
El abogado hace referencia al caso de contra cinco líderes ambientales, habitantes de la remota y rural localidad de Santa Marta, acusados de un asesinato cometido durante la guerra interna (1980-1992).
La ambientalista Vidalina Morales reiteró la denuncia de "criminalización" de personas defensoras de derechos humanos y de la organización social a través del uso, por parte de las autoridades de Seguridad, del delito de agrupaciones ilícitas.
"La organización comunitaria y de sociedad civil no debe ser perseguida ni estigmatizada por la Fiscalía por medio de un uso extensivo de delitos vinculados al crimen organizado", señaló y enfatizó que "el Estado debe de abstenerse de utilizar su institucionalidad para amedrentar, intimidar y perseguir".
Morales indicó que las organizaciones "exigimos respecto a todas las personas defensoras de derechos humanos de El Salvador y respetar la vida, la integridad y el debido proceso a las personas que han sido detenido de forma arbitraria".
Solicitó, en nombre de las organizaciones, a la comunidad internacional y a los países que apoyaron el proceso de paz en el país, tras 12 años de guerra civil, "dar seguimiento a los graves retrocesos institucionales que denunciamos".
"Solicitamos que den seguimiento de las recomendaciones hacia El Salvador realizadas en el último examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", añadió.
Algunas de las organizaciones que se pronunciaron son Cristosal, Tutela Legal, el Servicio Social Pasionista (SSP), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (Idhuca), entre otras. EFE
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