Lima, 18 feb (EFE).- La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, alertó este martes de que la lucha contra la corrupción y la delincuencia está en riesgo en el país si el Congreso aprueba un proyecto legislativo que modifica la extinción de dominio (expropiación de bienes de origen ilegal sin contraprestación económica), lo que, advirtió, limitaría la recuperación de bienes.
A través de un video difundido en las redes sociales del Ministerio Público, Espinoza aseguró que este proyecto de ley, que ya se aprobó en primera votación en el Congreso en diciembre de 2024 y que será debatido próximamente para recibir luz verde definitiva, favorecerá la impunidad.
"Queremos advertir a la población que la lucha contra la corrupción y la delincuencia está siendo gravemente amenazada. En el Congreso se quiere aprobar un proyecto de ley que apunta a que retrocedamos en nuestra misión de investigar y perseguir el delito", afirmó.
Sostuvo que el ente acusador se posiciona "de manera firme" contra las modificaciones de esta ley, gracias a la cual, el país ha podido recuperar hasta el momento más de 560 millones de soles (151 millones de dólares o 145,5 millones de euros) en bienes y dinero en procesos judiciales.
Espinoza precisó que los cambios propuestos por el Congreso pretenden excluir de la ley bienes ilícitos relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos medioambientales.
Además, indicó que el Legislativo pretende que solo se puedan incautar bienes cuando hay una sentencia firme, algo "que permitiría a criminales usar testaferros para transferir y desaparecer los bienes, entre otras acciones".
Las modificaciones incluyen que las investigaciones se limiten a cinco años y prescriban en este tiempo, "lo que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas", según sus palabras.
La fiscal general dijo a la población que la aplicación de esta ley no es una confiscación de sus bienes, sino que se trata de la restauración del orden jurídico y la legalidad, así como "quitarle a los delincuentes su patrimonio malhabido".
"La posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente aquellos relacionados con la corrupción, el crimen organizado, la minería ilegal, la trata de personas y otros delitos que afectan gravemente el orden económico y social de nuestro país", agregó.
Espinoza pidió a los congresistas reflexionar sobre esta cuestión antes de la segunda votación y expresó su optimismo ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional esté en la misma línea que la Fiscalía.
"¿Queremos acaso un país con una economía ilegal producto del delito?", se preguntó Espinoza.
Este lunes, la fiscal general y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se reunieron para abordar una estrategia conjunta contra la modificación de la ley de extinción de dominio.
"El Congreso tiene que darse cuenta de que estas normas favorecen a los hechos de corrupción y que los procesos se alarguen", declaró Tello en la víspera de esta reunión en una entrevista con el programa dominical Punto Final. EFE
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