El Tribunal Constitucional de Perú ha rechazado el habéas corpus que solicitaba la puesta en libertad del expresidente Pedro Castillo alegando detención arbitraria.
El recurso, presentado por Rocío Margot Calderón Contreras el 10 de diciembre de 2022 argumentaba vulneración del derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por la policía en caso de flagrante delito, según recoge el diario peruano 'El Comercio'.
Asimismo, solicitaba la inmediata liberación de Castillo por detención arbitraria por su traslado "secuestrado" a la sede policial ubicada en la avenida España de Lima en el marco de la investigación abierta por rebelión y conspiración. Los denunciados son los comandantes generales de la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ejército, y el exministro de Defensa Emilio Bobbio
La resolución menciona otra demanda de hábeas corpus presentada el 9 de diciembre de 2022 que fue desestimada por doble grado constitucional y confirma así la desestimación también de la última demanda porque "no se expresa ni se sustenta la ocurrencia de algún hecho concreto relacionado con la restricción del derecho a la libertad personal de Pedro Castillo".
Además, indica que el supuesto desconocimiento del paradero del exmandatario ha cesado, pues se encontraba en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y abuso de autoridad en relación a los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando presionado por el Congreso anunció su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas, comenzará el próximo 4 de marzo.
La Fiscalía de Perú había solicitado para el exjefe de Estado 34 años de prisión, así como una inhabilitación de 3,5 años y el pago de 65.419 soles peruanos (17.100 euros) como reparación civil en favor del Estado. Para Chávez y el resto de coacusados, el Ministerio Público había pedido 25 años de prisión, inhabilitación de 2,5 años y el pago de 64.400 soles (16.800 euros).
El expresidente se encuentra detenido después de que el 7 de diciembre de 2022 anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a su posterior detención por la Policía.
La inestabilidad política durante el mandato de Castillo quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno --con más de 70 ministros-- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.
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