San José, 28 ene (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este miércoles que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, un caso contra el Estado de Nicaragua por la destitución de Agustín Armando Jarquín Anaya de su cargo como diputado.
El demócrata cristiano Jarquín fue elegido diputado en el 2011 por la denominada Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que encabezaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de la que formaba parte la Unidad Democrática Cristiana (UDC), pero luego de renunciar a la bancada y declararse independiente, el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica de su partido en abril del 2013.
Posteriormente el CSE, controlado por los sandinistas, incorporó a Alyeris Beldramina Arias Siezar como suplente en la curul que ocupaba Jarquín.
El líder de la UDC interpuso varios recursos de amparo, pero fueron rechazados, incluyendo la decisión final de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -también controlada por el oficialismo- el 27 de noviembre de 2013.
En el informe de fondo, la CIDH explicó que concluyó que la decisión del CSE de Nicaragua de retirar la condición de diputado a Jarquín por cambiar de partido político violó "varios derechos protegidos por la Convención Americana".
Además, la medida fue "arbitraria, ya que la causal no estaba previamente establecida en la ley al momento de los hechos, lo que contravino el principio de legalidad", argumentó.
Asimismo, alegó que la decisión vulneró los derechos políticos y la libertad de asociación de Jarquín, al impedirle formar parte de la asociación política de su preferencia y ejercer sus funciones como diputado electo.
La CIDH anotó también que la resolución del CSE careció de fundamentación legal adecuada y que no existió un procedimiento que garantizara el debido proceso, incluida la posibilidad de defensa.
Por otro lado, ese órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) identificó "graves deficiencias" en la protección judicial disponible para el caso.
"No existía un recurso judicial que permitiera revisar la decisión del CSE, lo que dejó a la víctima sin mecanismos efectivos para cuestionar dicha medida", puntualizó.
En consecuencia, la CIDH determinó que Nicaragua incumplió sus obligaciones internacionales al violar el principio de legalidad, el debido proceso, la protección judicial y los derechos políticos de Jarquín.
Con base en esto concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos establecidos en la Convención Americana, por lo que solicitó a la Corte IDH que establezca medidas de reparación.
Entre ellas, reparar integralmente las violaciones declaradas en el informe con compensación material e inmaterial, a adoptar mecanismos de no repetición, tales como medidas legislativas para crear un recurso judicial rápido y efectivo que controle decisiones del CSE, y garantice derechos humanos y políticos.EFE
Últimas Noticias
Reino Unido autoriza a su Ejército a abordar en sus aguas a petroleros de la 'flota fantasma' rusa
El ejecutivo británico intensifica su estrategia de presión sobre Moscú, permitiendo a unidades militares interceptar embarcaciones sospechosas en territorio marítimo nacional, mientras avanza la cooperación con aliados y se endurecen acciones legales contra operadores vinculados al Kremlin
Keiko Fujimori asegura que "ghostea" a rival en debate presidencial de Perú
Trump alega que el Ejecutivo iraní no confirma negociaciones por "miedo" a que "su propia gente los mate"
Araqchi niega que haya negociaciones con EEUU pero reconoce "mensajes" desde Washington para frenar la guerra
En una entrevista difundida por medios iraníes, Abbas Araqchi asegura que solo han recibido notas indirectas desde la Casa Blanca, rechaza contactos directos y enfatiza la posición de resistencia de Irán mientras exige garantías y reparación de daños
Japón empieza a sacar al mercado sus reservas estatales de crudo por el bloqueo de Ormuz