Bangkok, 16 ene (EFE).- Los rohinyás enfrentan hoy en Birmania las peores amenazas desde 2017, cuando el Ejército cometió "atrocidades" contra esta minoría musulmana que Naciones Unidas investiga por supuesto genocidio, según el informe anual que la organización Human Rights Watch (HRW) lanza este jueves.
"La etnia rohinyá enfrenta actualmente las amenazas más graves desde las atrocidades militares de 2017", dice el escrito, que explica que esta situación ha empeorado debido a la intensificación del conflicto entre la junta militar -que detenta el poder desde el golpe de febrero de 2021- y grupos rebeldes y prodemocráticos.
HRW recuerda que numerosos rohinyás -cientos, según medios independientes birmanos- fueron reclutados forzosamente en 2024 para combatir junto al mismo Ejército que los persigue, luego de que la junta impusiera el servicio militar obligatorio en febrero del pasado año en medio de pérdidas de terreno frente a los rebeldes.
"Cada vez más, los refugiados del conflicto huyen a países vecinos y otros lugares del Sudeste Asiático", señala el informe, un mes después de que la ONU estimase en 149.000 el total de desplazados de Birmania hacia otros países de la región desde que los militares dieron el golpe de Estado.
Cerca de 630.000 rohinyás -recuerda el texto- permanecen en el estado de Rajine (oeste de Birmania), "sujetos a abusos sistemáticos que equivalen a crímenes contra la humanidad de apartheid, persecución y privación de libertad".
El pasado noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó una orden de arresto contra el jefe de la junta y en 2017 comandante jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, al creer que podría tener "responsabilidad pena" por los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos ese año contra la minoría musulmana del país mayoritariamente budista.
Ya en 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Birmania aplicar medidas cautelares para proteger a los rohinyá de un supuesto genocidio.
Asimismo, HRW acusa en el informe a la junta militar de intensificar las tácticas de tierra arrasada -que consisten en quemar todo lo que pueda ser usado por civiles y combatientes- ante la creciente resistencia armada y su pérdida del control en varios territorios.
"La junta ha llevado a cabo cada vez más ataques aéreos y de artillería durante las operaciones militares, incluidos ataques indiscriminados y deliberados contra civiles (...). Los militares han lanzado ataques aéreos contra escuelas, hospitales, lugares religiosos y campamentos para personas desplazadas", destaca el reporte.
Asimismo, HRW acusó al grupo liderado por Min Aung Hlaing de cometer ejecuciones extrajudiciales, mientras "sigue recibiendo ingresos desde el extranjero y haciendo pagos" para comprar armas y otros artificios de guerra, evadiendo las sanciones internacionales impuestas.
Desde febrero de 2021, unas 27.500 personas han sido detenidas por la junta en Birmania, mientras unas 1.900 murieron bajo custodia, según HRW. EFE
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