El Tribunal de Cuentas ha alertado de la ausencia de un sistema de control para reflejar los resultados de la gestión de las actuaciones de carácter económico incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
A pesar de que la medición de la eficacia en el uso de recursos públicos es un principio constitucional, un informe de fiscalización de las actuaciones económicas de los Presupuestos durante 2022 remarca que el sistema de seguimiento en la Ley General Presupuestaria "no está bien diseñado" para informar de los resultados de la gestión ni de las consecuencias en los casos de desviaciones significativas, que "podrían constituir un indicio serio de mala administración".
El órgano fiscalizador advierte a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gasto, que es la encargada de la elaboración de las cuentas públicas, de que el actual diseño por programas es "insuficiente" para ofrecer una imagen "adecuada y fiable" de los objetivos pretendidos por cada programa.
"Esta carencia impide la comparabilidad y la evaluación continuada de las políticas de gasto que reoriente la asignación de los recursos presupuestarios", añade el organismo presidido por Enriqueta Chicano en su informe, recogido por Europa Press.
LA IGAE LO VE "INVIABLE"
Por su parte, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es un órgano gubernamental de control interno, ha manifestado la inviabilidad de incorporar el informe de gestión de cada programa en la Cuenta General del Estado, debido principalmente a que se desvirtuaría el significado propio de la Cuenta.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ratifica que la información de gestión debe elaborarse, publicarse y rendirse, aunque considera preferible que en documentos independientes de la Cuenta General del Estado. Concluye, por tanto, que el conocimiento de la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos "no ha alcanzado las expectativas esperadas".
La institución determina que el modelo actual no responde a un auténtico sistema de gestión por objetivos que debería conllevar una "mayor complejidad en su determinación y medición", por lo que ha recomendado a los centros gestores una mayor diligencia en la definición de los objetivos e indicadores y a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos la elaboración y publicación de guías que le sirvan de orientación.
Asimismo, el organismo señala que los informes trasversales que acompañan a los Presupuestos sobre impacto de género, impacto en la infancia, la adolescencia y la familia y alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para que resulten más eficaces deberían ser elaborados con mayor diligencia por los centros gestores.
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