Quito, 22 dic (EFE).- La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, una de las cien personas más influyentes del 2024 según la revista Time, ha liderado un año más el combate al crimen organizado y la corrupción en su país defendiendo que "la justicia no se arrodilla" y sometida a un peligro constante.
Para unos, esta mujer de 43 años y afrodescendiente es el gran pilar y esperanza de un Ecuador cada vez más asediado por la corrupción y el crimen organizado y para otros resulta diametralmente lo opuesto, especialmente para figuras políticas como el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Salazar apenas participa en actos públicos, al estar seriamente amenazada de muerte por las bandas criminales a las que el Gobierno de Daniel Noboa declaró la "guerra" después de que el 9 de enero de este año se produjeran motines simultáneos en varias cárceles y un grupo de encapuchados armados asaltara el canal TC Televisión durante una emisión en directo.
"Buena parte del Estado ha sido infiltrado" por el crimen organizado y el narcotráfico, dijo a EFE la fiscal general el pasado febrero al hablar de la escalada criminal que llevó a Noboa a reconocer la existencia de un "conflicto armado interno" e imponer una política de "mano dura" contra el enemigo no exenta de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Nacida en la norteña ciudad andina de Ibarra, Salazar asumió el cargo mediante concurso público en 2019, con 37 años, y, a pesar de haber promovido desde entonces acusaciones sonadas contra los expresidente Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021), así como al empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), ha cobrado protagonismo internacional este año por la guerra contra el crimen organizado.
Según Time, el trabajo de Salazar es uno de los "más duros y peligrosos de todo el continente americano", pero "la dama de hierro", como ha sido apodada, se ha ganado "el respeto y el apoyo de una población desesperada por la calma y la seguridad. Como ella dice: 'Es hora de decirle a todo Ecuador que la justicia no se arrodillará'”.
Varios fiscales han sido asesinados por las bandas criminales y Salazar ha recibido numerosas amenazas de muerte. En mayo de este año reveló que los sicarios contratados para asesinar en 2023 al candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio tenían también el encargo de matarla.
En la lucha contra el crimen organizado destapó el caso Metástasis, un escándalo de corrupción judicial, policial y carcelaria, a partir del análisis de las comunicaciones telefónicas del narcotraficante y líder criminal Leandro 'El Patrón' Norero, asesinado en prisión en 2022.
Al poco tiempo de asumir como fiscal general se encargó de llevar adelante la acusación del caso Sobornos contra el expresidente Correa y otros miembros de su movimiento político que derivó en la inhabilitación política del exmandatario, con una condena de 8 años de cárcel por cohecho.
Desde entonces Salazar ha sido denostada públicamente por Correa, que desde Bélgica, donde cuenta con calidad de refugiado, denuncia una persecución política en su contra y se declara víctima de 'lawfare', al afirmar que fue sentenciado sin pruebas.
Fruto de esa animadversión hacia ella, el correísmo ha buscado de diversas formas de sacarla del cargo durante los últimos años, sin que hasta el momento ninguna haya surtido efecto.
Fue acusada de haber plagiado su tesis universitaria, pero la Universidad Central del Ecuador determinó que el texto era de su propia autoría, y posteriormente se promovió un juicio político de censura, que debió ser suspendido durante unos meses por el embarazo de Salazar. Al retomarse, la iniciativa no prosperó y fue archivada por la Asamblea Nacional (Parlamento).
Sus oponentes apuntan contra ella que pudo haber influido en contra de la denuncia de fraude del candidato Yaku Pérez en las elecciones de 2021 y de manejar aparentemente las investigaciones en función de la tesitura política del momento.
Su cercanía actualmente con el Gobierno de Noboa, que la respaldó frente a los ataques procedentes del correísmo, también está en tela de juicio.
Por un corto periodo de tiempo se rumoreó la posibilidad de que fuese candidata presidencial para las elecciones de 2025, una opción que ella descartó rápidamente de raíz.
El periodo de Salazar como fiscal general finaliza en abril de 2025, sin posibilidad de ser renovado, por lo que ya está en marcha un proceso a para elegir a la persona que la sucederá. EFE
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