El Tribunal Supremo de Ghana ha dado 'luz verde' este miércoles a un proyecto de ley adoptado el pasado mes de febrero por el Parlamento que prohíbe la promoción, defensa y financiación de las actividades LGTBI, una norma criticada por la comunidad internacional por la violación a los derechos del colectivo.
Un panel de siete miembros, liderado por la jueza Avril Lovelace-Johnson, ha desestimado dos recursos presentados por separado que cuestionaban la constitucionalidad de esta iniciativa, llamada 'Derechos sexuales humanos y valores familiares'.
En concreto, los demandantes defendieron que el proyecto de ley incumple el artículo 108 de la Constitución de 1992 al no reflejar que la norma, una vez implementada, puede acarrear costes financieros para el Estado, según ha recogido el diario 'Daily Graphic'.
El rechazo a estos dos recursos allana así el camino para que el presidente, Nana Akufo-Addo, firme la legislación, respaldada por los dos principales partidos políticos de Ghana: el Nuevo Partido Patriótico y el Congreso Nacional Democrático.
La ley incluye condenas que van desde los seis meses hasta los tres años de prisión para aquellos que se identifiquen como miembros del colectivo; y penas desde los tres a los cinco años de cárcel para los promotores o patrocinadores de actividades LGTBI.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, mostró en febrero su rechazo a la legislación, ya que condena a las personas LGTBI por "ser simplemente quienes son", mientras que también legitima los prejuicios en su contra y les expone al odio, el abuso policial y las torturas, entre otros.
"El proyecto de ley es contrario a la propia Constitución de Ghana y a las obligaciones y compromisos regionales e internacionales en materia de Derechos Humanos libremente asumidos, incluido el de no dejar a nadie atrás en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", indicó Turk.
Este proyecto de ley es, no obstante, una versión suavizada del último borrador presentado en el Parlamento de Ghana, que contemplaba penas de prisión más extensas e incluso una controvertida cláusula sobre terapias de reconversión.
Ghana ya ilegalizó en el pasado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, penadas con una condena de hasta tres años de cárcel en el marco de una ley que se retrotrae a la época colonial. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) también han mostrado su rechazo.
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