La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el mayor sindicato de los trabajadores del sector público en Argentina, ha exigido al Gobierno la anulación de las evaluaciones de idoneidad para los empleados de la Administración Pública que ha impuesto el Gobierno de Javier Milei a más de 40.000 empleados públicos para poder renovar sus contratos de tiempo definido.
Para el sindicato, es notoria la falta de transparencia de todo este proceso y no hay garantías sobre la integridad y la seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar.
Además, en una carta dirigida al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la ATE ha comentado que el Gobierno no cuenta con la logística para un evento de semejante envergadura ni está todavía "debidamente determinado" el universo de trabajadores a evaluar.
Del mismo modo, ha lamentado que tampoco se puede asegurar un manejo confiable sobre los datos personales de cada uno de los agentes estatales.
"No nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público", ha denunciado el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, uno de los firmantes de la carta en la que se acusa al Gobierno de Javier Milei de "asedio permanente" al Estado y de poner en marcha instrumentos destinados a perjudicar a los trabajadores de la Administración.
Los exámenes de idoneidad fueron anunciados por el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, el pasado 10 de octubre y se celebrarán desde la próxima semana y hasta enero. El Gobierno ha asegurado que no son una medida para despedir gente sino que tiene la intención de que "no se puedan meter en la Administración Pública personas inhábiles".
La reclamación de la ATE llega un día antes de que se celebre un paro en Argentina entre los trabajadores públicos frente a los "despidos masivos" y el "desguace del Estado", pidiendo la reincorporación de los empleados que salieron de la Administración.
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