El Gobierno de la Comunidad de Madrid está ultimando la firma del convenio del programa estatal María Goyri, con el que se crearán nuevas plazas de profesores ayudantes de doctor en las universidades públicas madrileñas, aunque lo adaptará a la realidad de sus centros con una propuesta alternativa.
Así lo han comunicado este martes a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, encabezada por Emilio Viciana, que han precisado su "voluntad de rubricar el acuerdo" con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y con los rectores de las seis universidades públicas de la región (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá).
El objetivo es rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de las universidades con la creación de hasta 1.100 nuevas plazas. El 60% de ellas serán sufragadas por el Gobierno central durante los primeros seis años y el 40% restante por la Comunidad de Madrid, que se hará cargo de todas estas contrataciones pasado ese sexenio y que está dispuesta a aportar 17,5 millones anualmente para afrontar esta actuación ya desde el año 2025.
Este anuncio llega justo un día después de que el Ministerio de Ciencia y Universidades anunciara que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, se habían adherido al programa. La ministra del ramo, Diana Morant, envió este lunes una carta al Gobierno regional pidiendo que rectificara su posición para no perder 169 millones de financiación, ya que el jueves terminaba el plazo para adherirse.
La Consejería, sin embargo, ha criticado que el texto "impone contratar con este programa a una única figura docente, la de profesor ayudante doctor, que no soluciona los problemas de plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar".
"Puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que se obligaría a priorizar la estabilización de esta figura por delante de otras categorías como las de profesor titular de universidad, la de profesor permanente laboral o la de cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario", han explicado.
Además, han añadido que la redacción del convenio "incluye numerosas referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico, como las alusiones a la 'oportunidad histórica' que ofrece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)".
Por todo ello, el Gobierno regional está trabajando en una propuesta alternativa del acuerdo, que enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que pueda ser rubricado por todas las partes lo antes posible.
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