El Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR ha pedido al Gobierno, a través de una Proposición no de Ley (PNL), que apoye el reconocimiento del 'ecocidio' como crimen autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que presente un proyecto de ley para incluirlo en el Código Penal español.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y registrada en el Congreso por la diputada Júlia Boada Danés y la portavoz del grupo, Aina Vidal Sáez, ha solicitado que el Ejecutivo lo haga de acuerdo con la definición de 'ecocidio' propuesta por Vanuatu, Fiyi y Samoa, es decir "acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente".
Además, Sumar ha reclamado al Gobierno que transponga "de manera inmediata" la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Por último, le ha instado a reforzar los recursos en la Fiscalía de Medio Ambiente, así como otras unidades especializadas del Ministerio Fiscal, para adecuar la práctica de diligencias, intervención o instrucciones en aquellos procesos penales relacionados con los recursos naturales, el medio ambiente, la protección de la flora y fauna e incendios forestales.
En la exposición de motivos, Sumar ha incidido en que el papel del Estado ante los delitos contra el medioambiente ha sido "a menudo de pasividad", tanto a nivel internacional como nacional. A juicio de Sumar, el sistema regulatorio actual no es suficiente para proteger y evitar crímenes climáticos, "sea por falta de recursos (humanos, económicos...) o por activa voluntad política de no controlar y hacer cumplir la regulación existente de protección y control".
A su vez, el Grupo ha afirmado que el 'ecocidio' está "íntimamente" ligado a otros excesos y crímenes colaterales como la desinformación, la estafa, el soborno e incluso el asesinato, entre otros. A lo largo del texto, ha recordado casos como los asesinatos de los activistas medioambientales Juan López y Berta Cáceres o el descubrimiento en 2015 de que los vehículos Volkswagen incluían un "software secreto" para camuflar las emisiones de dióxido de nitrógeno.
En líneas generales, Sumar ha denunciado que las empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático mantienen modelos de negocio que pueden tener gravísimas consecuencias a medio plazo. En este sentido, ha criticado el "claro problema de agencia" que hace que "los Consejos de Administración de la gran empresa suelen salir indemnes o cuasi indemnes a pesar de haberse probado el conocimiento de prácticas ecocidas".
"Unas actitudes que recuerdan la elusión de responsabilidades en los juicios de Nuremberg, algunos por un supuesto desconocimiento, y otros por el hecho de haber estado recibiendo órdenes, los Eichmanns del ecocidio", ha censurado.
Ante la evolución "cada vez más preocupante" de la crisis climática, el Grupo ha urgido a tomar medidas "de todo tipo", también penales, que modifiquen el sistema de incentivos actual. "El derecho penal crea poderosos límites morales y jurídicos, dejando claro que los niveles extremos de daño no sólo son ilegales, sino totalmente inaceptables", ha incidido.
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