San Salvador, 13 nov (EFE).- Un juzgado de Instrucción de El Salvador se negó este miércoles a archivar el proceso penal contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y tres personas más por tratarse de cargos de lesa humanidad, en la causa penal por la masacre de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989.
Los abogados defensores de Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y los militares retirados Juan Orlando Zepeda y Joaquin Arnoldo Cerna, pidieron que fueran declarados en rebeldía bajo el Código Procesal Penal de 1998.
Según expusieron los defensores, esta declaración obligaría a archivar las actuaciones en contra de los imputados.
"Declarada la rebeldía, se archivarán las actuaciones, instrumentos y piezas de convicción. Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado", establece la norma citada por la defensa.
El juez de la causa -cuyo nombre se reserva por seguridad- rechazó, durante la audiencia preliminar que comenzó este miércoles, la petición alegando que se trata de cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad.
"Pesa más el derecho de conocer la verdad" y "no hay razón para declarar la rebeldía y procede continuar con la audiencia", sostuvo el juzgador.
De igual forma, desechó alegaciones de doble juzgamiento por parte de la defensa de Cristiani y de prescripción de los delitos de los abogados de Parker.
"No existe doble persecución porque no existe pronunciamiento de fondo. No está condenado ni está absuelto", acotó el juez del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
Carlos Miranda, abogado de Parker, dijo a periodistas que pidió la declaración de rebeldía con propósito de que "se archive el expediente".
La Fiscalía General ha señalado que cuenta "con abundantes evidencias para que los procesados sean enviados a la etapa de juicio" por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, conspiración para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.
El resto de procesados son los militares retirados Juan Rafael Bustillo, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA.
No obstante, diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación y en 2020 la Sala de lo Penal de Corte Suprema cerró el caso.
Fue en febrero de 2022 que la Fiscalía presentó un nuevo requerimiento penal contra los señalados.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.EFE
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